Cada año se abre en Euskadi una media de 300 consultas médicas

El Departamento de Sanidad autoriza la apertura de una media de 300 consultas médicas cada año, que pueden ir desde un centro de oftalmología hasta una clínica dental, pasando por establecimientos dedicados a la cirugía estética.

Además, se renuevan anualmente los permisos de otros 700 centros ya en funcionamiento y que cada cinco años deben actualizar la licencia. La mayor avalancha de peticiones de apertura se produjo en 2000.

El fallecimiento en Madrid, el pasado mes de enero, de una mujer de 36 años sometida a una operación de liposucción en una clínica privada de Madrid zarandeó el sector de la cirugía estética y puso los focos de la atención pública en los controles administrativos que existen sobre la heterogénea oferta de consultas y centros privados que se ocupan de la salud en el sentido más amplio. El País Vasco cuenta desde 1994 con un decreto que regula las autorizaciones de apertura, funcionamiento y modificación de este tipo de establecimientos. Desde 1997, Sanidad ha cerrado cuatro centros por motivos de salud pública. Cualquier centro que quiera ponerse en marcha debe entregar primero al Departamento de Sanidad una documentación que contenga, entre otras cosas, un informe con el tipo de actividad, la plantilla, la licencia del ayuntamiento (que garantiza las condiciones de seguridad del local), el utillaje y los bienes de equipo que tendrá.

En el expediente debe figurar además el nombre del responsable de la actividad asistencial del centro. Una vez que el Gobierno recibe esta documentación, la remite al colegio profesional del que dependa el centro que solicita el permiso, que dispone de quince días para formule las alegaciones que crea oportunas. Por lo tanto, todas las autorizaciones que concede Sanidad cuentan con el aval del correspondiente colegio profesional, que garantiza que el responsable de la actividad asistencial del centro tiene la titulación y capacitación requeridas.

En la actualidad, Sanidad tiene censadas en la comunidad autónoma un total de 4.300 consultas asistenciales y 26 clínicas privadas.

El doctor Ángel Calvo, jefe del Servicio de Ordenación y Acreditación Sanitaria, dependiente del departamento, precisa que, una vez recibida la documentación del establecimiento que aspira a abrir, los inspectores sanitarios se personan allí para comprobar que todo es correcto. A los cinco años cualquier centro tiene que renovar el permiso y, por lo tanto, de nuevo se realiza un examen detallado. Los inspectores que actúan en este campo son 25 y se reparten de la siguiente manera: 7 en Álava, 10 en Vizcaya y 8 en Guipúzcoa.

Las clínicas, prioritarias

Pero durante los cinco años que transcurren desde la inauguración hasta la renovación de la licencia también existe otro tipo de controles. Si hay una denuncia de por medio, el servicio actúa de oficio y después se realizan comprobaciones al azar a diversos colectivos. Calvo señala que 'siempre hay que dar prioridad a unos establecimientos sobre otros'. 'Por ejemplo, siempre será más importante comprobar que está todo en orden en las clínicas y los hospitales privados, donde se realizan operaciones, que en una consulta donde solo se pasan revisiones'. Según el jefe del Servicio de Ordenación y Acreditación Sanitaria, las clínicas y hospitales privados que trabajan en Euskadi están en perfectas condiciones.

Cuando algún profesional cambia alguno de sus procedimientos de trabajo o de su instrumental tiene la obligación legal de comunicarlo al departamento, cuyos técnicos la supervisan. 'Lo que interesa es la modificación sustancial, como un cambio de técnica que conlleva la utilización de un nuevo aparato más potente', explica Calvo. Sanidad regula las condiciones de calidad que deben reunir los equipos utilizados en una consulta. Por ejemplo, en el caso de aparatos de Rayos X, Sanidad determina cómo deben ser, pero deben estar registrados en el Departamento de Industria y unas empresas autorizadas para su control deben enviar cada cierto tiempo un informe sobre el funcionamiento del aparato.

El departamento también cuenta con unas medidas de control de la publicidad sanitaria. Una comisión, en la que participan todos los colegios profesionales y las principales asociaciones de consumidores, verifica la publicidad que realizan los establecimientos sanitarios para comprobar que no es engañosa y que se ajusta a lo que realmente tiene el centro. En este sentido, el Servicio de Acreditación Sanitaria abre una media de 20 expedientes sancionadores al año porque la publicidad que realizan las consultas no es veraz.

El responsable de controlar las acreditaciones recalca una idea. 'A los ciudadanos hay que decirles que no vayan a cualquier centro porque sí, que pidan referencias, que tengan un aval de quien le va a operar, un consentimiento informado. Además del control administrativo, el usuario también debe efectuar su propio control. Y que denuncie cuando ve que algo es ilegal'.

Precisamente, se queja de que en la comunidad autónoma apenas se denuncia. Los ciudadanos llaman por teléfono, pero no comunican por escrito presuntas irregularidades o si un centro es ilegal. 'La gente tiene la costumbre de no denunciar', dice. En los cinco últimos años, el departamento se ha visto obligado a cerrar cuatro centros (dos relacionados con la medicina tibetana y otros dos ubicados en Bilbao por una cuestión de medicamentos). Calvo indica que 'sólo se cierra un negocio cuando se comprueba que existe un problema de salud pública. No se puede ocasionar un problema mayor al que ya se produce con un cierre si no es por un problema relacionado con la salud pública'.

Por otra parte, los expedientes administrativos no suelen llegar a ninguna sanción. 'Se actúa', apunta el responsable del Gobierno, 'con flexibilidad, porque las infracciones suelen ser menores y nunca repercuten en la salud. Los centros suelen escudarse en que desconocían algún aspecto de la norma y lo arreglan. Se abre el expediente y se cierra, a no ser que nos estén tomando el pelo'.