Recurrir para dilatar el proceso

Cuando las instituciones vascas y las empresas afectadas recurrieron al Tribunal de Justicia de la UE las resoluciones de la Comisión Europea sobre los casos Daewoo y Ramondin y, más tarde, sobre el propio régimen de incentivos fiscales a la inversión, eran conscientes de que las posibilidades de evitar un fallo adverso eran mínimos. La motivación esencial de aquellos recursos, como de los que se puedan presentar ahora en casación, es, según han admitido fuentes de las diputaciones forales, dilatar al máximo la ejecución de las resoluciones en lo que se refiere a la obligación de recuperar las ayudas calificadas de ilegales.

Aunque las normas que las regulaban fueron derogadas a lo largo de 2000, los efectos del crédito del 45% de la inversión y de las vacaciones fiscales siguen vigentes para muchas de las empresas beneficiadas, ya que su aplicación no tenía un marco temporal preciso. De ahí que el decaimiento de las normas no apaciguara a la Dirección General de la Competencia de la UE, que además de declararlos 'incompatibles' con el mercado único el pasado mes de julio, exigió la recuperación 'por todos los medios necesarios' de las ayudas concedidas. Sin embargo, al no tratarse de subvenciones directas, sino de ayudas diferidas en el tiempo y condicionadas -por ejemplo, en el caso de las vacaciones fiscales- a la obtención de beneficios, el cumplimiento de la exigencia de Bruselas de hace problemático. También es cierto que las diputaciones no van a esforzarse precisamente en reclamar la devolución de los incentivos ya activados. De hecho, tampoco han mostrado excesiva diligencia en atender el requerimiento de la Comisión Europea para que le entreguen la relación de los beneficiarios. Los datos genéricos y poco precisos son que, entre 1966 y 2000, unas 75 sociedades se acogieron a las vacaciones fiscales, mientras que otras 73 se beneficiaron del crédito fiscal del 45% para inversiones superiores a 2.500 millones de pesetas. Cuando la paz fiscal con Madrid ya era un hecho, la Diputación de Vizcaya lo concedió de una tacada a 19 empresas, la mayoría de las cuales renunciaron para frenar la polémica desatada.