Tercer caso con jurado que es anulado en Madrid

Con la anulación del juicio a Felicitas Melva Cañar Camacho, celebrado por la Sección Primera de la Audiencia de Madrid el pasado noviembre, ya son tres las veces en las que el Tribunal Superior de Justicia ha anulado una vista desde que en 1996 entrara en vigor la Ley del Tribunal del Jurado.

En el primero de los casos, en octubre de 1999, se juzgaba el crimen, en mayo de 1997, de Carlos Ramírez Molina a manos, supuestamente, de tres jóvenes que luego arrojaron el cadáver a un pozo de Carabanchel. El juicio acabó con una condena de 10 años para cada uno de los acusados. Sin embargo, el Tribunal Superior dejó sin efecto el juicio al entender que hubo 'contradiccion' por parte del jurado, que consideró 'no probado' que los tres acusados fuesen los autores del crimen y 'pese a ello culpó a los tres de homicidio'. También entendió el alto tribunal entonces que el jurado, en su veredicto, fue 'incapaz de explicar los motivos que le indujeron a tomar su decisión'.

El siguiente caso de nulidad de un juicio sentenciada por el alto tribunal se remonta a octubre de 2000. En la vista se juzgaba a Gabriel A., de 20 años, que fue condenado a cinco años de cárcel por haber matado de una cuchillada en el corazón a Fernando García, de 21. El crimen se produjo en enero de 1998 tras una discusión en una discoteca de Aranjuez.

En aquella ocasión, el Tribunal Superior sostuvo, para revocar la sentencia condenatoria, que no hubo 'claridad' y 'concreción' en las preguntas al jurado que conforman el objeto del veredicto, y que esto dio lugar a 'contradicciones'.

En este último caso del juicio a Felicitas Melva Cañar, su letrada, María Luz Bleda, solicitó al inicio de las sesiones el testimonio de un psicólogo, especializado en migraciones, que ha atendido a Melva en la prisión de Soto del Real. La letrada pretendía que este psicólogo testificara junto a los otros dos, Manuel García y Blanca Vázquez Mezquita, llamados por el fiscal. Pero el juez lo denegó haciendo buenas las quejas del fiscal, que argumento que, al tratarse de un especialista en migraciones, su declaración podría ser parcial.