La Audiencia de Málaga reabre el caso del desalojo de la Alameda de Colón

Más de un centenar de vecinos residentes en la Alameda de Colón de Málaga espera desde hace dos años que se depuren las responsabilidades por el corrimiento de tierra provocado por una obra contigua a su edificio que puso en peligro sus vidas y obligó a su desalojo durante 20 meses. La lentitud judicial exaspera a los afectados, ya que después de tanto tiempo todavía no hay un peritaje sobre las causas del siniestro.

La resolución de la Audiencia que ordena reabrir la investigación penal en contra del criterio del instructor, que pretendía su continuación por la vía civil, ha dado nuevas esperanzas a los vecinos. Los afectados creen que lo sucedido constituye un delito de imprudencia. Pretenden que se depuren responsabilidades porque el corrimiento hizo peligrar sus vidas y les privó del uso o el arrendamiento de sus viviendas desde febrero de 2000 hasta octubre de 2001.

A principios de año, el juzgado de Instrucción número 1 emitió un auto en el que expresaba sus dudas sobre la competencia penal o civil de la investigación y disponía el archivo de la primera vía. Los vecinos presentaron un recurso y la Audiencia les ha dado la razón.

El corrimiento se produjo cuando se excavaban los terrenos contiguos al edificio para construir aparcamientos. El abogado de los afectados, Antonio Checa, recordó que las empresas que trabajaban en la obra incumplieron el proyecto, ya que aunque en un primer nivel colocaron los puntales indicados por los técnicos para sujetar las paredes laterales, cuando llegaron a más profundidad no los pusieron para facilitar la retirada de la tierra. Debido a la presión que soportaron, los elementos de sujeción del primer nivel se curvaron cuatro veces más del máximo permitido. Fue entonces cuando el ingeniero catalán que diseñó los puntales ordenó que se desalojara a los trabajadores de la obra y a los vecinos. Sin embargo, los responsables desoyeron sus indicaciones y, sin avisar a los habitantes del bloque contiguo, trataron de recolocar las barras para impedir el corrimiento. Pero no ordenaron el desalojo hasta que el edificio no empezó a agrietarse y el riesgo de derrumbe era inminente. Finalmente, el bloque se mantuvo en pie. Para rehabilitarlo fueron necesarios 140 millones, aportados por el Instituto Municipal de la Vivienda y la propia promotora.

Tras la resolución de la Audiencia, un perito deberá determinar ahora las causas del siniestro y si hubo negligencia. La tardanza de la instrucción ha obedecido, justamente, a la dificultad para encontrar un técnico que realizara el informe pericial. Con diversos argumentos, han llegado a renunciar hasta cinco peritos.