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El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo admite a trámite la demanda contra el embalse de Itoiz

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha admitido a trámite la demanda de la Coordinadora de Itoiz contra la sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de marzo de 2000 que avaló la legalidad de las afecciones medioambientales del embalse.

La notificación de la admisión a trámite se produjo el 13 de septiembre de 2001, pero la Sección Cuarta del Tribunal de Estrasburgo, que debe determinar si se vulneraron preceptos del Convenio de Roma de 1950 sobre Derechos y Libertades Fundamentales, concedió al Gobierno español un plazo para formular alegaciones sobre la tramitación y el fondo del asunto, que fueron presentadas el pasado 3 de enero.

La Coordinadora de Itoiz, que agrupa a varias organizaciones opuestas al embalse, adujo en su demanda que el proyecto técnico del embalse, aprobado en 1990 por el entonces Ministerio de Obras Públicas (ahora Fomento) vulneraba la legislación de espacios protegidos de Navarra y que años después, en 1996, el Parlamento foral aprobó fraudulentamente una modificación legislativa para encajar medioambientalmente las afecciones generadas en zonas protegidas del entorno. De esa manera se hacía inejecutable cualquier fallo judicial contra el proyecto por motivos ecológicos. No obstante, en 1997 el Supremo anuló parcialmente la obra de Itoiz al estimar que la legislación de 1996 no era aplicable al caso.

Por otro lado, el Estado pidió permiso en febrero a la Audiencia Nacional para el llenado de Itoiz, previo levantamiento de la prohibición que pesa sobre ello desde el auto de la Audiencia Nacional de marzo de 1996. La Audiencia Nacional aún no ha contestado.

La Coordinadora señaló ayer que el Plan de Emergencia de Itoiz incumple la legalidad vigente y asume y analiza como 'riesgo catastrófico' la posibilidad de un grave deslizamiento de las laderas de la presa, opción que los técnicos ministeriales consideran inexistente, pero que viene siendo denunciada por el organismo opositor. El plan, siempre según los opuyestos al embalse, carece de cualquier medida de evacuación de la población afectada, 66.000 personas sólo en la comunidad foral.

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