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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Aguas socialistas

Los socialistas han preferido la incoherencia de votar de tres maneras diferentes en el Parlamento Europeo al riesgo de imponer la disciplina de voto a sus eurodiputados en torno al Plan Hidrológico Nacional (PHN). La semana pasada, en la Comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara, los socialistas votaron a favor de una resolución que implicaba negar a dicho plan los fondos comunitarios comprometidos para su financiación. El jueves, en la votación del pleno, unos socialistas apoyaron esa resolución, otros votaron en contra y el resto, la mayoría, se abstuvieron.

El Plan Hidrológico fue objeto de debate y votación en el Parlamento español. El Gobierno hizo pesar su mayoría absoluta para rechazar todas las enmiendas alternativas de la oposición. Sin embargo, negoció contrapartidas con los nacionalistas de Pujol, que votaron en Madrid lo contrario de lo que habían votado en el Parlamento catalán, y también con algunas comunidades autónomas gobernadas por los socialistas, que obtuvieron compromisos de inversión en sus territorios. Un plan hidrológico nacional exige delicados equilibrios territoriales que a veces provocan encendidas rupturas en el interior de los partidos. De ahí que sea aconsejable la búsqueda de consensos parlamentarios que vayan más allá de la mayoría de Gobierno, pero ello no resta legitimidad a la aprobación del PHN por el Parlamento español.

El texto que se sometía a votación en la Cámara europea expresaba la preocupación por la existencia en toda Europa de planes 'insostenibles' de gestión de los recursos hídricos, entre los que citaba expresamente el plan español, incluso con una referencia a la construcción de 118 embalses, y pedía a la Comisión Europea que no aportara financiación a esos planes.

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La viabilidad del PHN depende de los fondos comunitarios, cerca de 5.000 millones de euros. Tal como estaba redactada, la resolución del Parlamento Europeo suponía en la práctica otorgar a ese foro la condición de tercera Cámara, capaz de anular lo decidido por las Cortes españolas. Los socialistas estaban obligados a rectificar. Lo han hecho a medias, porque los intereses territoriales han vuelto a imponerse sobre la deseable coherencia de la oposición.

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