El Supremo anula el pago de atrasos a los funcionarios
Los sindicatos acudirán al Constitucional
La decisión de la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, tomada por unanimidad de sus cinco magistrados, reafirma la congelación salarial impuesta a los empleados públicos hace cinco años y anula la decisión de la Audiencia Nacional de restituir a este colectivo los atrasos acumulados desde entonces. Los cálculos sobre la cantidad a abonar oscilan entre 3.000 millones de euros (si se considera sólo a los 600.000 funcionarios de la Administración central) y 6.000 millones (si se incluye a los empleados de las autonomías y los municipios).
El contenido de la sentencia, aún sin redactar, se conocerá dentro de unos días. Los magistrados han resuelto que la congelación salarial impuesta a los funcionarios trasciende a una cuestión laboral, en contra de lo que pretendía CC OO. Es una cuestión 'legislativa', según fuentes del Tribunal Supremo. Es decir, compete al Parlamento, como argumentó el Ejecutivo.
El Gobierno había mantenido en su recurso que la congelación forma parte de la política económica que decide el Gabinete, respaldada por las Cortes Generales al votar los Presupuestos de aquel año.
Tanto CC OO como UGT tienen intención de presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo y no descartan movilizaciones de protesta entre los funcionarios.
