Un código de buena voluntad

Desde el estallido del caso Enron, en España aún no se ha producido ningún caso en que la empresa haya denunciado a sus directivos al detectar irregularidades. No existe una legislación especial para ese tipo de comportamientos que se regulan por Ley de Sociedades Anónimas y el Código Penal.

No obstante, en 1998, se puso en marcha el Código Olivencia sobre el Buen Gobierno de la Empresa, en el que se recogían una serie de principios que debían seguir los directivos. De aplicación voluntaria y sin poder coercitivo, no ha conseguido mejorar los niveles de calidad de las cuentas empresariales, ni frenar comportamientos irregulares. No es de extrañar esa falta de eficacia si se tiene en cuenta que uno de los redactores de aquel código fue el diputado del PP, Luis Ramallo, a quien luego se probó que mantenía una estrecha relación y recibía regalos de Antonio Camacho, principal imputado en el caso Gescartera. No obstante, el caso Enron ha comenzado a concienciar de la necesidad de aumentar los controles. El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Blas Calzada, ha anunciado una serie de medidas, propuestas al Ministerio de Economía y que seguramente se incluyan en la Ley Financiera, con el fin de dar tranquilidad a los inversores sobre donde colocan sus ahorros en el capital o en la renta fija que emiten. Así, Calzada propone suspender de cotización a aquellas compañías que tengan salvedades en sus auditorías que sólo podrán volver a la negociación cuando éstas queden subsanadas y se reflejen en sus cuentas.La CNMV también aumentará su control sobre los auditores.