¿Cuánto personal precisa la Administración autonómica?

La Administración autonómica valenciana nació en 1983 como consecuencia de la aprobación del Estatuto de Autonomía. Su crecimiento ha sido sostenido durante dos décadas, de acuerdo con el volumen de competencias que el Estado ha traspasado a la Generalitat Valenciana.

El aparato nació con vocación austera y esencialmente técnica. La limitación del número de consejerías que recoge el Estatuto de Autonomía es reflejo de esa intención original. Pero, ¿qué volumen de personal precisa la Administración autonómica?

Los primeros responsables autonómicos temían reproducir el gigantismo que atribuían a la Administración del Estado, un inmenso aparato que se había consolidado tras cuatro décadas de régimen franquista y donde hasta los bedeles tenían la plaza en propiedad.

El mismo debate se extendió a todas las autonomías. El País Vasco, por ejemplo, optó por una Administración muy restringida, constituida por técnicos muy cualificados y muy bien retribuidos. La Generalitat Valenciana, a medio camino, apostó por un aparato profesional, pero tal vez se excedió en la contratación de personal laboral -que no es considerado funcionario y no tiene la plaza en propiedad. Sucesivos procesos de funcionarización, desarrollados tanto por socialistas como por populares, acabaron reproduciendo inercias anteriores.

Los Gobiernos socialistas bajo mandato de Joan Lerma asumieron precipitadamente el grueso de las competencias autonómicas que hoy detenta la Generalitat Valenciana. Las áreas de Sanidad y Educación, por su propia naturaleza, son los dos servicios que mayor volumen de personal llevan aparejados.

El temor a consolidar una nómina excesiva generó un segundo problema. Al margen del volumen de personal laboral, personal contratado con carácter interino nutre hasta un tercio de las plazas en la Administración.

El PP llegó al poder en 1995 con un programa de corte liberal y anunció una inmediata reducción del número de altos cargos al servicio de la Generalitat. Los populares prometían una Administración más ágil capaz de reaccionar con más eficacia.

El último Consell de Joan Lerma sumaba 50 altos cargos desde consejeros, subsecretarios y secretarios generales. Los directores generales, jefes de área y jefes de servicio eran 300 en 1995. En total, 350.

La última relación de puestos de trabajo de la Admnistración autonómica publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana el pasado 2 de febrero eleva el número a 833, bastante más del doble. Consejeros, subsecretarios y secretarios generales suman 101. Directores generales, jefes de área y jefes de servicio, 732. Esto hace que el coste del aparato se haya triplicado en siete años. La nómina de los altos cargos ascendía en 1995 a 2.385 millones de pesetas. Ahora suma 7.464 millones.

En un segundo plano, el PP anunciaba también una drástica reducción de las empresas públicas. Pero, la realidad es que las sociedades anónimas adscritas a distintas áreas de la Administración se han multiplicado... Y sus deudas también.

CC OO alertaba hace una semana sobre los terribles efectos de la modificación de la Ley de Gobierno aprobada el miércoles en las Cortes Valencianas por el procedimiento urgente de lectura única -que no admite la presentación de enmiendas y restringe el debate- y que, según el sindicato, 'multiplicará el número de altos cargos', 'creará una dispersión de responsabilidades' y 'dificultará el acceso del ciudadano a la Administración'.

Un problema cierto deriva de la fórmula usada por el Consell que preside Eduardo Zaplana para ampliar su aparato administrativo. Ahora empiezan a convocarse las primeras ofertas públicas de empleo tras casi siete años de Gobierno.

El resultado de la ecuación es evidente. Los garbanzos de la Administración siguen siendo duros, sin duda, pero ya no está nada claro que sean seguros, como rezaba el dicho. Los cargos de responsabilidad se han cubierto de forma provisional a partir de 'criterios de confianza' que violentan el mérito y publicidad que debe regir la promoción en la Administración autonómica, según la Constitución.