Los constructores exigen a Cultura celeridad para desbloquear sus obras en zonas arqueológicas de Jaén

El binomio entre conservación arqueológica y desarrollo urbanístico mantiene enfrentados desde hace tiempo a la Consejería de Cultura y a los constructores y promotores de Jaén, que han amenazado incluso en reiteradas ocasiones con no asumir el coste de las excavaciones arqueológicas preceptivas cuando edifican en solares con algún tipo de protección. Los empresarios exigen a Cultura que reduzca los plazos para resolver los expedientes de liberalización de suelo, que actualmente oscilan entre los tres y cuatro meses.

Para intentar limar asperezas y suavizar las relaciones, la delegada de Cultura en Jaén, Andrea Gómez, se ha comprometido ante la Mesa Provincial de la Construcción a agilizar los expedientes de obras en el yacimiento de Marroquíes Bajos, el de mayor extensión de los 23 catalogados en la capital y donde se localizan la mayor parte de las promociones inmobiliarias.

Desde que el yacimiento de Marroquíes Bajos fue declarado zona de protección arqueológica en 1997, la Delegación de Cultura ha tramitado 300 expedientes de obras y excavaciones arqueológicas en el subsuelo de este lugar histórico, que a juicio de historiadores y arqueólogos conserva vestigios de todas las civilizaciones asentadas en Jaén desde su fundación. Cuando las excavaciones han dado como resultado el hallazgo de restos arqueológicos susceptibles de conservación Cultura ha indemnizado a los constructores por las medidas de conservación, que suelen alargarse en el tiempo.

Sin embargo, los constructores se han venido quejando ante la Comisión Provincial de Patrimonio de la tardanza en desbloquear los permisos para edificar en la zona. A juicio de la delegada de Cultura, muchas veces el retraso se debe a que los constructores contratan a técnicos que no saben cómo realizar las actuaciones arqueológicas pertinentes. 'Aunque los intereses de los constructores y de la Consejería son a veces contrapuestos, es necesario trabajar de manera coordinada', manifestó la delegada tras reunirse en días pasados con los miembros de la Mesa, integrada por representantes de la Federación de la Construcción y de los Colegios de Arquitectos y Aparejadores.

Pero la inquietud de los constructores va más allá. Entienden que los trabajos arqueológicos a los que les obliga la ley supone un encarecimiento añadido para el coste final de la vivienda, que ellos sitúan entre los 2.000 y los 6.000 euros, en función del tiempo de la excavación.