La Junta incorpora al protocolo los nuevos cargos autonómicos y suprime la prelación de la Iglesia

El Consejo de Gobierno aprobará el próximo martes el decreto por el que se regula el régimen de precedencias y tratamientos en el ámbito de la Junta de Andalucía. La futura norma de protocolo sustituirá a un decreto de hace 20 años y da cabida a los nuevos representantes de las instituciones autonómicas, como los presidentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Consejo Consultivo, el Defensor del Pueblo o el consejero mayor de la Cámara de Cuentas. Se ha suprimido la posición privilegiada de la Iglesia, así como una alusión específica al alcalde de Sevilla. Los presidentes de las Diputaciones bajan de escalafón y, además, no serán 'excelentísimos', sino 'ilustrísimos señores'.

El Gobierno andaluz ha tardado 20 años en elaborar una nueva norma de protocolo, aun cuando en ese periodo la creación de instituciones, por mandato constitucional, estatutario o legal, ha sido continua. El decreto será aprobado el próximo martes, según informó a este periódico el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías.

La Junta de Andalucía se anticipó al Gobierno de la nación en dictar unas normas de protocolo y ceremonial en casi un año. El 13 de octubre de 1982 aprobó un decreto, con carácter provisional, que ha convivido con el real decreto de 4 de agosto de 1983 del Estado, que es el que se aplica cuando en un acto oficial concurren autoridades estatales con las de la comunidad o de otras autonomías. Esta directriz se mantiene en la nueva normativa.

En 20 años de autonomía se ha creado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Consejo Consultivo, el Defensor del Pueblo o la Cámara de Cuentas, al tiempo que hay nuevas figuras políticas de la Administración como los delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía. Hasta ahora la ordenación de las autoridades andaluzas se regía 'por el sentido común', según asegura Zarrías, de cuyo departamento depende el servicio de protocolo de la Junta.

El nuevo decreto corrige estas lagunas y da un tratamiento específico a los miembros de la Mesa del Parlamento y a los portavoces de los grupos parlamentarios, así como a los rectores de las nueve universidades de la comunidad.

Alusión a Sevilla

Lo más llamativo de la futura norma es la caída hasta el puesto número 12 de protocolo de los presidentes de las diputaciones provinciales, que en el decreto aún vigente ocupan la cuarta posición. Además, tanto los titulares de estos organismos como los alcaldes de las capitales de provincia perderán el tratamiento de 'excelentísimos señores' por el de 'ilustrísimos', aunque 'se respetarán los tratamientos que respondan a tradiciones reconocidas por disposiciones legales'.

También se ha suprimido una alusión explícita a la figura del alcalde de Sevilla, aunque la nueva redacción en nada va a variar su posición. En la norma de 1982 se dice que éste, en los actos que se celebren en la capital de la comunidad, se situará después de los presidentes de la Junta y del Parlamento. Los alcaldes suben puestos en el escalafón protocolario y si antes se situaban detrás del Consejo de Gobierno y de los presidentes de la Diputación, a partir de que se apruebe todos los alcaldes de la localidad donde se celebre el acto irán en tercera posición, siempre que no asista el presidente del TSJA (ver gráfico adjunto).

La prelación del alto magistrado, sin embargo, está prevista a través de una disposición adicional y no en el artículo en el que se establece la ordenación de altos cargos de la comunidad. 'La Junta no puede regular a las autoridades del Estado y el presidente del TSJA depende del Consejo General del Poder Judicial', explica Zarrías. No obstante, el Gobierno andaluz, a partir del artículo 24 del Estatuto, sitúa al presidente del TSJA en los actos oficiales de carácter general tras los presidentes de la Junta y el Parlamento 'en tanto el Estado', se afirma en el decreto, 'no regule la precedencia de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia'.

También la referencia a la Iglesia católica ha sido suprimida de un plumazo. En las normas de protocolo de hace 20 años se dice: 'Si en los actos oficiales asisten, conjuntamente con las autoridades, representantes de la Iglesia, la prelación se establecerá de acuerdo con las costumbres o tradiciones del lugar, resolviendo en caso de duda, la autoridad que presida el acto'. Esta alusión desaparece por completo, aunque no se les deja sin cobertura legal, ya que en el artículo 10 del nuevo decreto se dice que se considerarán las costumbres 'cuando en determinados actos oficiales existan puestos reservados según tradición inveterada a favor de determinadas autoridades'.

El Gobierno andaluz ha tardado cinco años en decidir la nueva disposición protocolaria. Ya en 1997, Presidencia elaboró un borrador en el que, básicamente, daba cabida a los nuevos altos cargos, pero situaba a los alcaldes en un puesto más retrasado (el octavo). Por el contrario, la Junta ha optado por un lugar preminente para los máximos representantes de las corporaciones locales en el nuevo decreto que, afirma medio en broma Zarrías, supone 'la segunda modernización del protocolo'.