Fomento autoriza el aeropuerto de Castellón que promueve Fabra

Un año después de que el Ministerio de Medio Ambiente aprobara la declaración de impacto ambiental del proyecto del aeropuerto de Castellón, que abandera el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, Fomento ha autorizado la obra. El ministro Francisco Álvarez Cascos firmó ayer la orden por la que se autoriza a la Diputación a construir el aeropuerto en los términos de Benlloch y de Villanueva de Alcolea, a los seis meses de que Fabra calificara el cumplimiento de este trámite de 'inminente'.

A la autorización de la obra, Cascos ha añadido la declaración de interés general, tal como prometió a Fabra, y que supone que las instalaciones podrán albergar tráfico internacional. Aún así, el de Castellón no se incluirá en la red de aeropuertos españoles que abarca Aena y que reúne a la mayoría de aeropuertos españoles.

La orden del ministro señala y especifica que la autorización está supeditada al cumplimiento de las condiciones determinadas en la declaración de impacto ambiental, aprobada también un 22 de febrero, pero de 2001. Entre otras cosas, la declaración de impacto marcaba la presencia de una especie protegida como es el aguilucho cenizo y requería el respeto a su período de cría. Esto significa que entre el 25 de marzo y el 15 de septiembre no se podrán realizar desbroces, excavaciones, movimientos de tierra ni voladuras.

En cualquier caso, la autorización permite que se inicie el proceso de expropiación del suelo sobre el que se construirán las instalaciones aeroportuarias que abarcan 3,5 kilómetros cuadrados de superficie.

Carlos Fabra ya anunció ayer que la ocupación de las fincas se realizará por el procedimiento de urgencia. Sin embargo, el presidente de la Diputación habrá de enfrentarse ahora a otra dificultad, como es la de redactar un pliego de condiciones para la licitación de la obra, que tiene un presupuesto de cerca de 15.000 millones de pesetas. La dificultad estriba en compaginar el carácter privado del que Fabra pretende dotar tanto a la construcción de la obra como a la explotación de las instalaciones sobre un suelo que se pagará con fondos públicos procedentes de la Generalitat Valenciana y unos servicios que ha de otorgar el Estado. Además, según dijo, los adjudicatarios habrán de correr también con el coste de construcción de los accesos.

En la misma orden, el ministro de Fomento mantiene que el Estado se reserva la gestión directa de los servicios aeronáuticos de control del espacio aéreo y de ordenación del tránsito y del transporte, así como el resto de los servicios aeroportuarios estatales, tales como la policía, correos o seguridad exterior e interior y determina que corresponde a la Diputación de Castellón la titularidad del aeropuerto y la gestión de la prestación de los servicios no estrictamente aeronáuticos y de explotación comercial.

Esto supone que la Diputación de Castellón y Aena deberán llegar a un acuerdo para determinar las condiciones de financiación y pago de los servicios aeronaúticos y aeroportuarios prestados por el Estado, término que habrá de ser recogido igualmente en el pliego de condiciones para la adjudicación de la obra.