CiU propone reformar la ley para que las autonomías recurran al Constitucional si no reciben un traspaso

El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió (CiU) presentó ayer una proposición de ley orgánica de modificación de la Ley del Tribunal Constitucional para que las comunidades autónomas puedan recurrir contra el Gobierno central ante el alto tribunal por no recibir una competencia, recogida en sus estatutos o por obstaculizar la gestión de una transferencia. La propuesta de CiU fija un plazo máximo de tres meses para que el alto tribunal dicte sentencia. Esta medida se une a otras dentro de la campaña de los nacionalistas catalanes a favor de ampliar su autogobierno.

En su exposición de motivos, CiU defiende modificar la actual discriminación favorable al Estado en detrimento de las autonomías a la hora de plantear conflictos negativos de competencias ante el Tribunal Constitucional. CiU propone expresamente la modificación de los artículos 71 y 72 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) que 'establecen una concreta legitimación activa a favor del Gobierno central para poder plantear un conflicto negativo de competencias frente a la inactividad de una comunidad autónoma'.

Sin embargo, argumenta el Grupo Parlamentario de CiU, 'no se ha previsto la legitimación activa de las comunidades autónomas para poder plantear este tipo de conflicto constitucional frente al Estado cuando éste impide, con su inactividad, que las comunidades autónomas puedan ejercer sus propias competencias'.

Los nacionalistas catalanes precisan que 'esta carencia es especialmente relevante en el caso de que el Estado no proceda a realizar las transferencias de servicios cuya competencia corresponde a las comunidades autónomas'. La falta de acuerdos de transferencia, mantiene CiU, produce en la actualidad una verdadera obstaculización por parte del Estado del ejercicio de las competencias propias de las autonomías. 'Esta vulneración competencial no ha podido ser declarada en ningún caso por el Tribunal Constitucional' a causa de la redacción de la LOTC que 'no prevé un procedimiento de conflicto competencial adecuado a esta situación'.

Resolución

La reforma que propone CiU afectaría también a los plazos de resolución del alto tribunal en esta materia. Fija un mes como tiempo máximo para que el Tribunal Constitucional proceda cuando 'habiéndose formulado el requerimiento previo al órgano ejecutivo superior de la comunidad autónoma o al Gobierno para que ejerciten las atribuciones propias de sus competencias, aquel o éste lo desatiendan de forma expresa o por silencio'. Otro mes más para las alegaciones y un tercero para que el alto tribunal dicte sentencia sobre la procedencia o improcedencia del requerimiento.