El presidente refuerza su poder en detrimento del Consell y las Cortes

El PP impuso ayer la aritmética parlamentaria para aprobar una modificación de la Ley de Gobierno que refuerza la figura del presidente de la Generalitat a costa del Consell y de las Cortes. La reforma atribuye más poder al presidente y al área de Presidencia, mediante la redefinición del papel de los vicepresidentes y la institución del consejero sin cartera -lo que, además, permite ampliar la estructura del Consell, que el Estatuto de Autonomía restringe a diez carteras ejecutivas-, y blinda al Ejecutivo frente a las Cortes al permitir la comparecencia de los secretarios autonómicos. La reforma fue aprobada por procedimiento de lectura única, que impide presentar enmiendas y restringe el debate.

El texto aprobado ayer especifica las funciones y competencias del presidente y de los vicepresidentes del Consell, crea la figura del secretario autonómico, que sustituye al secretario general -aunque con más competencias- estructura en tres niveles la organización de las consejerías -órganos superiores, nivel directivo y nivel administrativo- y regula el procedimiento de elaboración de los textos legislativos y reglamentos.

En su conjunto, la nueva Ley de Gobierno amplía el margen para una auténtica reestructuración del Consell, tanto por la creación de la figura del secretario autonómico, como por la posibilidad de nombrar consejeros sin cartera, que no asumirían funciones ejecutivas, y por la definición del papel del vicepresidente o vicepresidentes del Consell.

Pero, sobre todo, concede más poder al presidente de la Generalitat, a costa del Consell. Así, el artículo 20, que habla de las atribuciones del presidente, cita entre éstas, en su redacción original, la de 'determinar las directrices de la acción de gobierno'. Ahora se le añade '..., de acuerdo con lo que establezca el presidente'. Éste también se arroga ahora la decisión de nombrar a un portavoz, potestad que en la redacción de 1983 se atribuía al Consell. También amplía la discrecionalidad a establecer que los acuerdos del Consell se adoptarán con el voto favorable de la mitad más uno de los 'asistentes', cuando antes se refería a los 'existentes'.

Pero ese suplemento de poder del presidente también se hace a costa de las Cortes. Por ejemplo, cuando señala que 'las ausencias temporales del presidente de la Generalitat, superiores a un mes, se comunicarán a las Cortes', cuando hasta ahora decía que 'precisarán la previa autorización de las Cortes'. Además, protege al Consell frente al Parlamento al establecer que 'los secretarios autonómicos podrán comparecer ante las comisiones'. Algo que la oposición considera una 'barrera' y un intento del PP de 'blindar' a los consejeros, pero que los populares justifican por la apretada agenda de aquellos.

José Joaquín Ripoll, en la presentación de la modificación de la ley, y José Diez, en el debate previo sobre el procedimiento de lectura única, restaron importancia a los cambios introducidos en una de las normas esenciales sobre las que se sustenta el autogobierno, aprobada por unanimidad en 1983. Los dos portavoces del PP justificaron la oportunidad de modificar la Ley de Gobierno por la necesidad de adaptarla a la realidad actual de la Comunidad Valenciana. El vicepresidente segundo del Consell destacó la intención de 'corregir deficiencias y lagunas jurídicas' y adaptar la estructura del Gobierno autonómico 'al máximo techo competencial' que disfruta hoy la Comunidad Valenciana. A través de un artículo único, el PP introduce cambios en 24 puntos de la norma vigente.

Ripoll y Díez defendieron la idoneidad del procedimiento de lectura única porque la modificación 'no es sustancial'. No obstante, en el escrito de remisión del proyecto al Consell Jurídic Consultiu, Ripoll instaba la consulta urgente 'indicando expresamente que tal urgencia es 'debido a la importancia y trascendencia del contenido de las modificaciones que figuran en el anteproyecto'.

María Antonia Armengol, del PSPV, Joan Ribó, de EU, y Joan Francesc Peris, del Grupo Mixto, cargaron contra las formas del PP a la hora de alterar una norma básica porque supone hurtar un debate que, dijeron, provoca 'sonrojo' a los populares. Y censuraron la ausencia de Zaplana.

Armengol criticó el procedimiento y el contenido. Sobre el primero, dijo que el PP ha optado por aprobar el proyecto 'merced a la utilización indebida de su mayoría a modo de coz', y porque no le interesa que el debate se prolongue, ya que 'cuanto más rápido pase el trago y menos discusión haya, mucho mejor'. Y agregó: 'Quieren intentar tapar sus vergüenzas y todas sus mentiras'.

La diputada socialista criticó el texto, que tachó de 'presidencialista y cesarista', y tras calificar de 'megalómano' a Zaplana, dijo que 'sólo le falta incluir en el proyecto la facultad para modificar el Código Penal, como Berlusconi'. Armengol hizo varias referencias al 'consentimiento complaciente' de la presidenta de las Cortes, Marcela Miró, 'que sin pestañear deja que le modifiquen el Reglamento de su casa'.

Ribó habló de 'tongo' a las Cortes, dijo que la reforma 'bordea peligrosamente el Estatut' al otorgar funciones ejecutivas a los vicepresidentes, reduce el 'carácter colegiado del Consell' y aumenta los altos cargos y, con ello, el gasto. Peris criticó la 'reforma encubierta y sin consenso' del Estatut que supone el proyecto.

Publicidad institucional

Por otra parte, el pleno aprobó por unanimidad la tramitación de la proposición de ley sobre publicidad institucional presentada por el PSPV para regular los criterios que han de regir en la actividad publicitaria que desarrolle la Generalitat. PP y PSPV cruzaron acusaciones de arbitrariedad en las actuaciones en esta materia durante sus respectivos mandatos, informa Europa Press.