Más de 60 municipios y entidades reclaman que Fecsa invierta en la red

Más de 60 ayuntamientos y entidades se han unido para exigir que Fecsa-Endesa invierta en mejoras para garantizar el suministro eléctrico. De momento, a la Declaración de Rubí, que todavía está abierta a nuevas adhesiones, se han unido unos 40 ayuntamientos, entre ellos los de Lleida, Girona, Sant Cugat y Sabadell, y numerosos organismos y entidades, como la Diputación de Barcelona, la CECOT y las cámaras de Comercio de Sabadell y Terrassa, así como la Unión de Consumidores de Cataluña.

Tras la avería que dejó media Cataluña a oscuras el pasado 14 de diciembre, el Ayuntamiento de Rubí decidió que 'tenía la responsabilidad moral de hacer algo', según explica su alcaldesa, Núria Buenaventura, de Iniciativa Verds. Fue en este municipio, por cuyo cielo pasan 30 líneas eléctricas, donde cayó el cable de tensión que ocasionó el desastre.

Ahora numerosos municipios, empresarios, consumidores y entidades ecologistas se han organizado en cuatro grupos de trabajo con el cometido de reivindicar a Fecsa-Endesa que mejore sus líneas eléctricas. Uno de estos grupos se dedicará a presionar para que en 10 años las líneas de alta tensión se desvíen o se soterren. Tan sólo 90 kilómetros de la red eléctrica de Cataluña de alta tensión está soterrada, frente a los 1.326 kilómetros de la Comunidad de Madrid.

Otro grupo se encargará de asegurar que la compañía invierta en la mejora de la calidad y seguridad de las líneas. Un tercero trabajará para que la Generalitat cambie un sistema tributario que perjudica las arcas municipales y reivindicará que el 1,5% de facturación de las compañías vaya a parar a los consistorios, en concepto de ocupación de suelo público. Finalmente, el cuarto grupo se encargará de conseguir que la Generalitat prepare un plan de energías alternativas.

Otra demanda de la Declaración de Rubí es que la Generalitat cree un órgano de información y asesoramiento en asuntos relacionados con la energía, con la participación de municipios y agentes económicos y sociales. Una de las entidades que se ha unido a la Declaración de Rubí es la Coordinadora Antilínea de Les Gavarres. Su presidente, Josep Maria Ricart, explica que la entidad 'luchó desde 1996 para que se desviaran o soterraran las líneas de alta tensión, aunque al final se impusieron los Mossos' y ahora se congratula de la unidad alcanzada porque es un primer paso hacia el mismo objetivo.

Los adheridos a la Declaración de Rubí pedirán una entrevista con representantes del Gobierno catalán. Buenaventura es consciente de que el camino 'será largo'. La alcaldesa de Rubí ha considerado la multa de 1.000 millones de euros (166.386 millones de pesetas) que el Gobierno catalán ha impuesto a Fecsa-Endesa como 'paso adelante, aunque aún insuficiente'. Buenaventura espera que 'estos millones se inviertan en los municipios afectados'.