Pacto contra ETA

A medida que los sectores amenazados por los terroristas adoptan métodos de protección, ETA elige víctimas más insospechadas, más desprevenidas. Ayer intentó asesinar en Sestao (Vizcaya) a un joven de 25 años que no tenía cargo institucional alguno y cuya única actividad pública era la de dirigente de las Juventudes Socialistas de Euskadi. No consiguió quitarle la vida a Eduardo Madina, pero le ha mutilado de por vida.

Era su contribución al debate sobre medidas de seguridad para los concejales que, en el marco del Pacto Antiterrorista, discutían ayer socialistas y populares. El mensaje tiene la forma de un desafío: si protegéis a los concejales iremos a por los militantes sin cargo, y si también, a por los de la rama juvenil o a por los hijos o los nietos de los militantes. Pronto hará un año de las declaraciones al diario La Repubblica de un dirigente de Haika, la rama juvenil del tinglado: 'Concejales del PP y del PSOE, por ejemplo, me parece que no caben dudas: son objetivos legítimos a eliminar'.

Horas antes del atentado, el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, había calificado como 'estrategia de guerra' las reformas legales planteadas por el Gobierno para reforzar la lucha antiterrorista. Ayer no estimó oportuno condenar el atentado de Sestao; se limitó a considerarlo una expresión 'del conflicto'. Hace tres semanas, Batasuna presentó su última propuesta de paz, en la que incluía una declaración de respeto al pluralismo vasco. Como ayer dijo el lehendakari, el atentado indica que para ETA y Batasuna pluralismo significa que los demás acaten sus ideas o se atengan a las consecuencias.

Socialistas y populares son realistas respecto al papel de Batasuna, y de ahí que estén de acuerdo en estudiar medidas que dificulten su utilización de la legalidad para realizar prácticas ilícitas. Lo son las destinadas a imponer el proyecto de ETA. Es una contradicción reclamar de la UE la inclusión del brazo político de ETA en la lista de organizaciones terroristas y considerarla legal en España. Se trata de una intención que habrá de plasmarse en reformas legislativas (Ley de Partidos Políticos, Ley Electoral y Ley de Financiación de Partidos) que deben ser consensuadas y compatibles con el precepto constitucional que atribuye a los partidos la función de expresar el pluralismo y facilitar la participación política.

La ilegalización de Batasuna es una posibilidad que dependerá de los jueces. Lo que ha desaparecido es la idea de que se evitaba dar ese paso por considerarlo inoportuno políticamente. Ahora hay acuerdo en considerar que nada es tan oportuno como acabar con la impunidad de quienes, por ejemplo, se consideran con derecho a intimidar a los concejales o candidatos de partidos con los que compiten en las elecciones.