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Reportaje:

Una pesadilla por apretar un botón

Dos personas que sufrieron un accidente en un ascensor hace 12 años aún esperan su indemnización

El jueves hizo 12 años y un día que Emilio Cid Viedma no se montaba en el ascensor del número 28 de la calle de Bocángel (Ventas), edificio ocupado principalmente por empresas. Cid Viedma teme subir en ascensores porque el 13 de febrero de 1990, a las ocho de la tarde, apretó el botón del elevador de esta finca y comenzó una pesadilla que aún le impide andar bien. Desde aquel día, él y Emma Rodríguez Castro, que trabajaban en este edificio y tomaron el ascensor juntos, todavía esperan que les paguen la indemnización que les corresponde, a pesar de que el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia por la que tienen derecho a recibir 60.481 euros ella y 36.385 euros él (10.040.000 y 6.040.000 pesetas, respectivamente).

Cid y Rodíguez, que entonces tenían 56 y 57 años, aún sufren las consecuencias del accidente. Bajaron de golpe seis pisos hasta que chocaron con el suelo. 'Entré en el hospital en las últimas. Estuve gravísimo, cerca de la silla de ruedas', rememora Cid.

Un año y medio de rehabilitación y, sin embargo, no puede andar bien. Ahora tiene dificultades para subir las escaleras, y a Emma Rodríguez le implantaron una prótesis en la cadera. Ahora no puede doblar la rodilla derecha.

Desde que tuvo el accidente, Emilio Cid no se había subido al ascensor del edificio donde trabajaba. 'Estuve un tiempo sin montarme en ninguno. Al principio me entró mucho temor, pero después de un tiempo lo conseguí'. Por suerte, porque vive en un séptimo piso. Pero el pánico le sigue impidiendo, 12 años después, montarse con tranquilidad en ese ascensor de la calle de Bocángel.

El sufrimiento y la indignación llevaron a Emma Rodríguez y a Emilio Cid a los tribunales. Según una sentencia del Supremo, dictada el pasado mes de noviembre, la empresa encargada del mantenimiento del aparato, y la comunidad de vecinos del inmueble, son responsables del accidente. Ambos sabían que el ascensor sufría una avería, pero ninguno interrumpió el servicio, a pesar de que su obligación, como consta en el reglamento sobre aparatos elevadores, era impedir su funcionamiento.

Ha pasado tanto tiempo que los responsables del accidente se desentienden. En la actual comunidad de propietarios del inmueble dicen desconocer por completo el caso. La mayoría de las empresas que hace 12 años ocupaban las oficinas ya no están.

Y en la empresa de ascensores ocurre exactamente lo mismo. Sus responsables, sorprendidos por un caso del que no tenían ni noticias, afirman que compraron la entidad encargada del mantenimiento del ascensor en cuestión hace sólo un año, y que entonces no se les notificó que estuvieran envueltos en un proceso judicial. Ahora, nadie sabe nada de los 96.000 euros de la sentencia. Por ello, Cid y Rodríguez siguen esperando.

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