La juez del 'caso Bazar' impone 1,5 millones de fianza a Osuna y Urbanismo

El juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla ha dictado un auto en el que reclama a Inmobiliaria Osuna y a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla que presten una fianza de 1,5 millones de euros (250 millones de pesetas) cada uno, como responsables civiles subsidiarios por el derrumbe del Bazar España, que provocó la muerte de cinco personas en la tarde del 31 de diciembre de 1998.

Fuentes del caso aseguraron ayer que la juez RocíoPérez-Puig ha dictado un auto que aclara la resolución dictada en enero, en la que decretó la apertura de juicio oral contra los siete procesados y les impuso a cada uno de ellos una fianza de 1,5 millones de euros. Aquel auto recogía la presunta responsabilidad civil subsidiaria tanto de Inmobiliaria Osuna como del Ayuntamiento, propietarios de los terrenos donde estaba el muro que se derrumbó, pero no decretaba fianza alguna como sí exigió a las demás partes procesadas.

La Gerencia de Urbanismo, que ya asumió el pago de la fianza de sus cuatro funcionarios imputados, ahora debe hacer frente a otros 250 millones de pesetas, con lo que el total de la fianza que prestará es de 1.250 millones. De otro lado, la juez ha dado un plazo de 30 días a las defensas de los imputados para que presenten sus respectivos escritos de calificación provisional de los hechos, en los que solicitarán la libre absolución de los procesados.

El auto de apertura de juicio oral atribuyó a los siete procesados la presunta autoría de un delito de homicidio por imprudencia grave, tal y como había puesto de manifiesto la Audiencia de Sevilla, frente a la tesis de la Fiscalía, que ha mantenido la postura del juez instructor inicial, que calificó los hechos como falta por imprudencia simple.