Fabra culpa a la LRAU de no propiciar el diálogo entre propietarios y ayuntamientos

El concejal responsable de Urbanismo en el Ayuntamiento de Castellón, Alberto Fabra, descargó ayer contra Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) a la que señaló como 'culpable' de no prever ciertos mecanismos de diálogo que, según dijo, evitarían polémicas como la suscitada a consecuencia de la adjudicación de una de las unidades situada en la zona suroeste de la ciudad. Fabra adujo que hay mecanismos que la LRAU no contempla y que, por ejemplo, 'no posibilita momentos de diálogo'. Para el responsable del urbanismo castellonense, la normativa no señala un momento para que los autores de una propuesta puedan acudir al Ayuntamiento y, desde el consistorio, se señale cual es el modelo de urbanización que se entiende como 'más razonable'. Es decir, que el Ayuntamiento, además de las reglas que fijan los planes generales de ordenación urbana, desvele, a quien acuda al consistorio, los criterios por los que se regirá la adjudicación o, al menos, cómo ha de ser una propuesta para que sea 'razonable' a entender del Ayuntamiento. Alberto Fabra mantuvo ayer que tras el polémico pleno del pasado jueves, en el que dos centenares de propietarios de suelo acudieron como medida de protesta, 'hemos de sacar consecuencias que nos han de llevar a cambiar de hábitos'.

Además, Fabra señaló que el hecho de que un hijo del alcalde, José Luis Gimeno, trabaje para GyC, el grupo de empresas al que se ha adjudicado, con condiciones, la urbanización de la zona, 'no es vinculable' a la decisión municipal. Fabra quiso puntualizar que el proceso de desarrollo de esta unidad 'no es novedoso', sino que lleva varios años con informes técnicos, mientras que la entrada del hijo de Gimeno en la empresa es más reciente. Por su parte, el portavoz adjunto del grupo municipal socialista, Miguel Alcalde, anunció ayer que el grupo está estudiando la posibilidad de presentar un recurso contra la decisión de adjudicar la urbanización a Vistamar.