La ley les deja sin casa

A Pepe ya se lo advirtieron: 'Búscate un buen abogado', le dijeron, cuando la zona que rodea su casa se presentó como una de las urbanizables con la aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), conocida como ley valenciana del suelo. José Alba y Carmen Amella comenzaron hace más de 20 años con los trámites para la construcción de su casa, en una zona cercana a la Basílica de Lledó de Castellón. Entre huertos y naranjos, escogieron ese lugar porque, pese a estar a pocos minutos del centro de la ciudad, se encontraban en el campo. Solicitaron la licencia de obras y, con todos los papeles en regla, construyeron el domicilio familiar. Ahora, las máquinas para la construcción de la carretera que, si nada lo remedia, lo atravesará, están a sus puertas.

Ambos, al igual que sus dos hijos, mantienen todavía un hilo de esperanza después de que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite un recurso presentado por su abogado, Miguel Carceller, que alega que el programa urbanístico en el que han sido incluidos contempla el derribo del domicilio familiar y 'omite toda previsión para preservar el derecho a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad de su domicilio'. Éste constituye una novedad ya que es la primera vez que la tan recurrida aplicación de la LRAU se fija en la posible vulneración de un derecho constitucional como es el de la inviolabilidad del domicilio. El letrado ya recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Sin embargo, la sala desestimó el recurso por el momento en el que se presentó, pero señaló en su auto que la vulneración podía darse en momentos 'ulteriores'.

Según señala Carceller, mientras la ley se ocupa de los inquilinos, que han de ser realojados en el proceso de urbanización de una zona, los propietarios se ven desamparados. Además, mientras que en el proceso de expropiación forzosa la administración sí que atiende la existencia de una actividad profesional, la ley del suelo no lo hace.

La familia Alba califica la ley de 'perversa'. Para ello se basan en que la propiedad que han 'labrado' en los últimos 20 años, 288 metros cuadrados de vivienda sobre 1.200 de parcela cuya contribución es urbana, queda reducida a 375 metros de suelo en tres parcelas urbanizables, por las que, además, han de desembolsar varios millones para su urbanización. Con casi 60 años, el cabeza de familia no sabe de dónde sacar las ganas y el dinero, y menos después del litigio, para levantar una nueva casa. En el caso de optar por la venta, la tasación de sus pertenencias se ha fijado en 20 millones de pesetas, mientras que los pisos que se construirán sobre sus terrenos se venden por 36 millones y los adosados por una cifra cercana a los 50 millones. Con estos datos, parece claro que, por lo menos, se habrán de ir a vivir a otro lugar. Eso sin contar con que la principal fuente de ingresos de la familia quedaría sin lugar donde desarrollarse. 'Será legal, pero es un atraco', aseguran.