Educación ultima un decreto para acelerar la expulsión de alumnos conflictivos

La Consejería de Educación está dispuesta a que las sanciones contra los escolares violentos se apliquen con más agilidad. En el decreto que está preparando para regular la convivencia en los centros prevé medidas reeducadoras y un plazo máximo de un mes para que el consejo escolar aplique los castigos. El curso pasado, un total de 68 escolares fueron expulsados, el máximo castigo que contempla la ley, por conductas que atentaban muy gravemente contra la convivencia. El viceconsejero Juan González Blasco dice que se trata de episodios 'puntuales y esporádicos'.

La edad de los infractores se sitúa, según la consejería, en plena adolescencia

Ofensas contra profesores o compañeros, agresiones verbales y físicas, pequeños hurtos precedidos de coacciones, boicoteo al desarrollo normal de las clases, detección de arma blanca o de drogas... Ésas son las infracciones más frecuentes que cometieron durante el curso pasado un total de 68 chavales en centros públicos, que fueron expedientados. A 64 de ellos, según los datos de la Dirección de Área de Madrid Capital, se les aplicó la máxima sanción que prevé el real decreto de convivencia en los centros (732/1995, de 5 de mayo): el cambio de centro.

Pero el problema no afecta únicamente a los centros públicos. Los centros privados concertados también tuvieron problemas de convivencia en sus aulas: cinco chavales de esas edades fueron expedientados, y en cuatro casos se acordó la expulsión del centro.

Las edades de los infractores se sitúan en plena adolescencia. La mayor parte de las faltas, tanto en centros públicos como privados, las cometieron alumnos de 2º (13 años) y 3º (14 años) de la educación secundaria obligatoria (ESO). Y de las 68 expulsiones tan sólo una afectó a un escolar de primaria.

'Se trata de episodios muy puntuales y con carácter esporádico y, casi siempre, centrados en Madrid capital', asegura el viceconsejero de Educación, Juan González Blasco. Y los datos le dan la razón: en la capital hay 102 institutos con 73.568 alumnos de entre 12 y 18 años y otros 38 centros privados en los que Educación subvenciona la enseñanza a 5.724 alumnos. Es decir, el porcentaje de alumnos expulsados de sus centros se reduce a la mínima expresión (el 0,078%).

Aun así es un problema que preocupa en los institutos. Sobre todo desde que la LOGSE fijó en los 16 años la edad de escolarización obligatoria. En la práctica esto ha supuesto que los docentes tengan que lidiar con una gran variedad de alumnos (ciclos formativos, garantía social) que no tienen previsto ir a la universidad, sino ponerse a trabajar cuanto antes.

Por ello, el Gobierno regional está preparando una normativa de convivencia regional, después de que la Asamblea le instara a ello por unanimidad. El objetivo es dar solución a algunos de los problemas que no se pueden atajar con el decreto de 1995 del Ejecutivo central. La nueva normativa, explica González Blasco, modificará fundamentalmente tres aspectos. Primero, se tipificarán claramente las conductas contrarias y las sanciones que atenten contra la convivencia en los centros y 'previsiblemente' se endurecerán. Actualmente oscilan para las infracciones leves entre una amonestación por escrito y la suspensión del derecho a asistir a clase tres días como máximo. Las sanciones para las infracciones muy graves -para cuya tramitación es necesario abrir un expediente al alumno- oscilan entre la realización de tareas que contribuyan a la mejora del centro y la expulsión definitiva del mismo.

Segundo, se hará más hincapié en las medidas reeducadoras, 'porque los chavales no dejan de tener una mala conducta en los centros únicamente porque se les sancione más'. El decreto de 1995 contempla que los escolares deberán realizar tareas que mejoren el clima de convivencia, pero no especifica cuáles. También contempla que deben reparar el daño causado, mediante la reposición del material destrozado o medidas similares.

Y tercero, intentará agilizar la tramitación de los expedientes para las infracciones muy graves, fijando un plazo máximo de un mes desde que el alumno comete la falta hasta que es sancionado. Y es que la actual normativa alarga mucho el proceso del expediente. El director debe decidir, en un plazo de diez días de la falta, si incoa expediente. Y tiene que nombrar a un instructor, que puede ser recusado por los padres o el representante legal de los alumnos. Después se debe dar audiencia al alumno junto a su familia, si es menor de edad, y comunicarles las medidas sancionadoras que propone al consejo escolar. Para el proceso de instrucción del expediente hay un plazo de siete días. Finalmente es una comisión de convivencia (formada por padres, profesores y alumnos elegidos por el consejo escolar de cada centro) la que toma la resolución de sanción. El plazo que tiene para decidirse es de un mes. Pero los padres pueden recurrir y el recurso paraliza la sanción.

'El proceso administrativo es tan garantista, tan garantista, y se alarga tanto, que al final los institutos huimos como de la peste de abrir expediente', aseguran fuentes de la junta de portavoces de directores de institutos. Aunque estas mismas fuentes están convencidas de que 'los problemas de convivencia no se pueden atajar únicamente con una nueva normativa'. 'El gran problema que tenemos es la diversidad de alumnos que recibimos, y esto sólo se soluciona con medios'.