Castellón urbanizará un área en la que tienen intereses el alcalde y el edil de urbanismo

El alcalde de Castellón, José Luis Gimeno, y su concejal de Urbanismo, Alberto Fabra, están relacionados con la urbanización de 60.000 metros cuadrados en aquella ciudad. Gimeno, junto con su hermano, es el titular de una de las parcelas afectadas, mientras que Fabra es yerno de una de las propietarias. Además, un hijo del alcalde trabaja como abogado para el grupo de Vistamar, empresa a la que el gobierno municipal propone para ejecutar la urbanización, a pesar de que presentó su proyecto fuera de plazo. El PP desestimó otra propuesta presentada por varios vecinos.

Tal como admiten los propios servicios municipales, la segunda propuesta de urbanización de Vistamar, la que se pretende aprobar, llegó un día después de que culminara el plazo y lo mismo pasó con la propuesta económico-jurídica. La adjudicación se votará mañana en pleno. Tanto los propietarios de los terrenos como el grupo municipal socialista exigen la abstención de varios miembros del grupo de gobierno popular por su relación con la empresa o con la urbanización de la zona. El edil socialista Miguel Alcalde incluso ha pedido que, dados los titulares de los terrenos y las 'sombras' detectadas en la adjudicación, 'el Ayuntamiento debería reiniciar el proceso'. Este área (UE10), una zona residencial creada bajo el modelo de una ciudad jardín, está situada junto a la UE12 (34.739 metros cuadrados), la unidad que fue modificada por el PP después de que se hicieran públicos ciertos privilegios otorgados a los terrenos que eran propiedad de la familia del concejal de Urbanismo, Alberto Fabra. Junto a ambas se encuentra el sector 01 (170.000 metros cuadrados) implicado también en la liberación de la vía del tren, tras el soterramiento del ferrocarril. Estas tres áreas están relacionadas en el Plan General de Ordenación Urbana, ya que el desarrollo de una está supeditado al de sus vecinas. De hecho, el pasado mes de diciembre, el PP ya puso sobre la mesa la adjudicación conjunta de dos de estas tres unidades y, posteriormente, la retiró. Vistamar ha presentado propuesta sobre las tres y sólo se enfrenta a alternativas en dos de ellas, en las que tiene como 'contricante' a los propietarios de los terrenos que, además, habitan en sus casas, construidas algunas de ellas a principios de siglo.

Tanto los dueños del suelo (y urbanizadores potenciales) como el grupo municipal socialista exigen, al menos, que varios miembros del equipo de gobierno municipal del PP se abstengan en la votación. En las alegaciones presentadas exponen que el alcalde, José Luis Gimeno, junto con su hermano, es propietario de una finca incluida en lo que ellos denominan 'ámbito' y que abarca a las tres unidades. Además, añaden que el concejal responsable de Urbanismo, Alberto Fabra 'es yerno de una propietaria de este ámbito'. Los vecinos van más allá y señalan que 'en pleno proceso de selección del urbanizador' la familia de Fabra vendió sus terrenos a Vistamar, hecho que 'en todo caso, obliga a la vendedora a allanar las dificultades del comprador a lograr sus objetivos'. Además, en la porción de terreno cuya urbanización se pretende adjudicar se ha incluido el jardín de una vivienda, únicamente el jardín privado, de un familiar de otro concejal del PP, el responsable de Hacienda, Miguel Ángel Mulet.

Un hijo del alcalde

La relación entre el equipo de gobierno y la urbanizadora a la que se pretende adjudicar el desarrollo de esta zona va más allá ya que un hijo del alcalde de Castellón, Leonardo Gimeno, trabaja como abogado para el grupo empresarial. A todo ello se une el hecho de que cuando Vistamar presentó su primera propuesta el PGOU de Castellón aún no estaba aprobado. Pese a ello, la empresa 'acertó' en todos los nuevos condicionantes de la revisión del plan y aplicó la legislación no publicada, por lo que los vecinos la consideran 'privilegiada'. En cuanto a la segunda propuesta presentada por la empresa fuera de plazo, que es la que el PP apoya, ésta incluye una modificación sobre una zona verde, condición que 'casualmente' fue después requerida por el Ayuntamiento y presentada como una modificación del PGOU. Esta modificación se aprobó para compensar un incremento de edificabilidad que beneficia a otros propietarios y otro urbanizador en otra zona de la ciudad como es la adjudicada a Batalla, donde se situará El Corte Inglés.