El fantasma del nuevo pacto local

Aunque no parece sea exigible a los dirigentes políticos una conducta marcada por una lógica estricta, opino que sí les es exigible una cierta coherencia intelectual, aunque sólo sea por el hecho de que sin ésta difícil es que sean consistentes y armónicas las políticas públicas que un partido o un gobierno desarrollan. Por eso me parece preocupante que el señor presidente del Gobierno y del PP, en un mismo discurso, tras anunciar el cierre del Estado Autonómico y la negativa a abrir un proceso constituyente que nadie ha pedido (reformar la Constitución es otra cosa, como bien sabe cualquier estudiante de primero de Derecho), se descuelga con la propuesta de un pacto local para proceder a una 'segunda descentralización'. Con lo que tenemos el bonito espectáculo de cómo el partido de la mayoría lanza el buque de un proyecto de Estado y, al mismo tiempo y en unidad de acto, lanza a la línea de flotación de ese navío el torpedo que necesariamente lo va a hundir. Pues ¿no habíamos quedado que el Estado se compone de municipios, provincias y comunidades autónomas, como reza la Constitución?, si eso es así ¿cómo vamos a cerrar el modelo de Estado sin una determinada asignación de tareas públicas a cada escalón en forma de un reparto de competencias y de su financiación, cómo vamos a dar por concluida la construcción del modelo sin unir a lo anterior la articulación de las instituciones y medios de coordinación e integración correspondientes? Y, siendo las cosas como son ¿cómo vamos a poder completar el modelo sin reformar la Constitución en aquellas cosas en las que se ha quedado vieja ( Senado y UE, por ejemplo)? Proclamar el cierre del modelo de Estado y vedar la reforma constitucional ( abrir un proceso constituyente es otra cosa, como sabe cualquier alumno de primero de Derecho ¿o se abrió un proceso constituyente en 1992 cuando se reformó el texto de 1978 para ratificar Maastrich?) y, al tiempo, propugnar la 'segunda descentralización' son cosas que se dan de bofetadas. La contradicción es flagrante.

Aun más, la contradicción anida en el seno mismo de la propuesta de 'Pacto local', y es, además, múltiple. Asoma por de pronto con la atomización municipal ¿qué quedaría del presupuesto autonómico en asistencia social una vez dividido por los algo más de quinientos ayuntamientos del País?, ¿qué capacidad de gestión del territorio o de los transportes tiene un ayuntamiento de 50, 100 o 500 habitantes, que a veces no tiene ni un policía local?, ¿qué sentido tiene reclamar la competencia sobre el transporte para las grandes conurbaciones, que requieren planeación y organización supramunicipal (como en Valencia)? Sigue por uno de los problemas básicos de la vida local: la actual ley de régimen local impone servicios, pero no reconoce competencias a los entes locales: dotar a estos de competencias propias supone otra ley, que al momento nadie plantea. Continúa por la diversidad municipal ¿cómo meter en el mismo saco a las grandes agrociudades andaluzas, los dispersos municipios gallegos y los superubanizados vascos , o, si no se quiere salir del País, como tratar de la misma forma a mastodontes como Castellón, Elche o Valencia y a minifundios como Daimuz o Lugar Nuevo? ¿No requeriría el mapa municipal o bien una simplificación drástica o bien la reserva a la comunidad autónoma de la competencia exclusiva sobre régimen local (que tiene hasta la autonomía escocesa), o bien una mixtura de ambas cosas? Y si las cosas son así ¿cómo compaginar la respuesta a todo eso con el cierre?

Si se examina la cuestión más de cerca pronto aparece que el Pacto local tiene su truco: a nadie se le escapa que la descentralización sólo es operativa en un puñado de grandes ayuntamientos, que pueden contar, en principio, con la capacidad organizativa, los medios y el personal para gestionar nuevas competencias. Para los demás, la asignación de nuevas competencias sería meramente literaria: o no interesan o no se tienen los medios, o la organización, o ambas cosas. En la mayor parte de los casos la descentralización tiene, como efecto de retorno, aumentar el papel de las diputaciones provinciales, como suplentes de la mayor parte de los ayuntamientos. Lo cual nos lleva directamente a un doble problema político que me parece se ha calibrado mal, o no se ha calibrado en absoluto: de un lado, una diputación más importante exige una elección democrática (por sufragio universal igual, como reza la Carta Europea de Poderes Locales) en lugar de ese residuo de las elecciones indirectas franquistas que hay hoy ¿dónde están las propuestas correspondientes? De otro lado aparece el problema de la coordinación inherente a las materias compartidas, como esa no es factible si no hay cierto grado de homogeneidad política y la Constitución no permite crear una Cámara de las Entidades Locales al lado del Parlamento autónomo, ¿cómo resolvemos la papeleta, con la solución balear de que sean los diputados del Parlamento autónomo los miembros de las diputaciones?

Como se ve un buen jardín en el que los buenos propósitos del cierre están condenados a ingresar en la esfera de la poesía. La descentralización municipal requiere nada menos que un rediseño radical del mapa de las administraciones públicas y un replanteamiento de una parte de las instituciones representativas, cuyo resultado político-electoral es imprevisible. Por eso hasta la fecha el Pacto local no ha pasado del estadio de fantasma, y no parece que hayan muchas oportunidades de que adquiera mayor importancia terrenal. Mas allá de la supresión del IAE, buen candidato al premio de impuesto más imbécil del mapa fiscal, y su sustitución por otros, a buen seguro indirectos y que aumentarán la carga fiscal, como viene haciendo la mayoría que nos rige desde 1996, y, si acaso alguna modificación de los gobiernos municipales poco más va a dar de sí el retorno del fantasma.

Manuel Martínez Sospedra es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Cardenal Herrera.