El campo de golf de Torrebonica enfrenta a Iniciativa y la ACA

La directora de la Agencia Catalana del Agua (ACA), Marta Lacambra, ha interpuesto una querella contra dos responsables de IC-V del Vallès Occidental por difamación y calumnias. Los políticos ecosocialistas acusaron a la ACA de dispensar un trato de favor a los promotores del campo de golf de Torrebonica, en Terrassa. La polémica se suma a los más de 20 contenciosos que ya se han interpuesto contra el golf.

Los políticos contra los que la Agencia Catalana del Agua se ha querellado son Francisco Morales, portavoz de IC-V del Vallès Occidental y concejal del Ayuntamiento de Terrassa, y Joan Saumoy, responsable de comunicación del partido en la comarca. Las declaraciones que han motivado la querella las realizaron en una conferencia de prensa el pasado 26 de septiembre.

Los políticos defienden el derecho a la libertad de expresión y han anunciado que van a seguir estudiando la posibilidad de llevar ante los tribunales a la ACA, organismo que preside el consejero de Medio Ambiente, Ramon Espadaler.

IC-V sostiene que la Agencia del Agua ha favorecido a la promotora del campo de golf de Torrebonica, y aporta dos cartas como prueba. En una de ellas los promotores del campo de golf solicitan a la ACA que les dé permiso para empezar las obras de la planta desalinizadora sin pasar por algunos trámites administrativos, como el de recibir la correspondiente licencia del Ayuntamiento de Rubí, en cuyo término municipal se construiría dicha planta. Em otra carta, la ACA da su visto bueno a la petición de la promotora, informa IC-V. La formación ecosocialista también denuncia otra irregularidad: asegura que se empezó a construir el colector que tiene que llevar el agua del riego hasta el campo de golf cuando el proyecto aún estaba en exposición pública. Como prueba, los ecosocialistas muestran unas fotografías que tomaron durante el periodo de exposición, entre el 6 de junio y el 6 de julio.

El portavoz del grupo parlamentario de IC-V, Joan Boada, califica de 'brutal agresión a la libertad de expresión' la querella de Lacambra. Boada piensa preguntar al Parlament si el Consell Executiu apoya la querella. IC-V sostiene que si la respuesta es afirmativa, cabe preguntarse si a partir de ahora el Consell Executiu 'considerará como práctica habitual responder a las declaraciones de los políticos por vía judicial'.