¿La única política posible?

El estudio de González-Páramo constituye una defensa sólidamente argumentada de las ventajas que proporciona a cualquier país la disciplina fiscal, a partir de dos premisas sencillas y fáciles de aceptar. La primera es que ningún sector público puede mantener sus cuentas en desequilibrio permanentemente sin arriesgar la estabilidad macroeconómica y sin afectar -y ésta sería la segunda premisa-, en una economía abierta, su posición competitiva.

Sin embargo, el déficit es el rasgo común de la mayor parte de la historia fiscal española hasta después, incluso, de nuestro ingreso en la UE. Como explica en el libro, ésta es la tendencia que se invierte a partir de 1996 hasta alcanzar una situación de equilibrio el pasado año. Un resultado que suscita en el autor un par de cuestiones. La primera consiste en saber cuáles son las razones que empujan de forma tan reiterada a situaciones de desequilibrio, y la segunda, qué es lo que ha sucedido a partir de 1996 para que las cosas hayan cambiado.

Para responder a la primera de las preguntas recala el autor en la influencia de las instituciones políticas sobre el presupuesto. Los políticos tienden a gastar más de lo que sería deseable en tanto puedan beneficiar a sus votantes y diluir el coste entre todos, y a endeudarse más de lo que sería oportuno si pueden trasladar los costes públicos sobre las generaciones venideras.

Este sesgo del ámbito político hacia el déficit debería corregirse si queremos preservar la disciplina fiscal. Para ello suelen manejarse dos posibilidades. Una consiste en introducir limitaciones cuantitativas al déficit; la otra, en reformar las instituciones, en nuestro caso los procedimientos de elaboración, discusión, ejecución y control presupuestarios.

Entre estas dos posibilidades, la UE ha escogido la introducción de límites cuantitativos. Los requisitos establecidos en Maastricht para acceder a la UEM consistían en que el déficit no excediera del 3% ni la deuda del 60% del PIB. Y también se trata de límites cuantitativos los que incorpora el Pacto de Estabilidad que obliga a los Estados miembros a conseguir a medio plazo una situación presupuestaria cercana al equilibrio, de forma que, aun en situaciones de depresión, el déficit no supere nunca el 3%.

Si nos atenemos a los resultados, los límites establecidos en Maastricht dieron resultado. En nuestro caso, y a partir de 1996, se registra un proceso de consolidación presupuestaria concentrado en la reducción del gasto corriente, que promueve reducciones en los tipos de interés y un estímulo para la actividad económica y el empleo. Es cierto que las exigencias de Maastricht incorporaban una sanción considerable que consistía en no ingresar en la UEM. La cuestión que se plantea ahora es si será posible, sin sanciones de tal magnitud, mantener la disciplina fiscal contando básicamente con restricciones cuantitativas. Éste es el contexto en el que aparece la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y la orgánica complementaria.

El propósito de esta ley va más allá de las exigencias del pacto de estabilidad, en tanto pretende lograr a medio plazo un superávit suficiente para poder financiar los futuros costes de pensiones y gastos sanitarios. Y ello debe hacerse así, en opinión del autor, porque no resulta posible cubrir aquellos gastos mediante aumentos en la presión fiscal manteniendo, al mismo tiempo, una situación de equilibrio presupuestario, pues, según nos dice, las reducciones en el gasto son la única forma efectiva de controlar el déficit. Una conclusión un tanto radical, que le lleva a 'la única política posible' y, lo que es peor, a enfrentar la disciplina fiscal con el espacio propio de la política, lo cual no parece razonable. Es evidente que no hay que fomentar políticos irresponsables, pero la solución no es acabar con la política. Lo sensato sería revisar las reglas del juego creando espacios institucionales que favorezcan las decisiones responsables. De no hacerse así, no sólo podemos dañar áreas importantes de nuestra conviviencia, sino que pueden acabar estallando los propios límites cuantitativos a poco que se prolongue la actual crisis. Una publicación tan poco sospechosa como The Economist animaba hace unos días a utilizar discrecionalmente la política fiscal.

Cualquier persona interesada en estos temas -que van más allá de la estabilidad presupuestaria- sacará provecho de este libro, que recomiendo, y dispondrá de una visión ortodoxa y actualizada del estado de la cuestión.