La Junta no apelará la sentencia sobre el casino sevillano y se plantea anular todo el concurso

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula la adjudicación de la Junta para el casino de juego de Sevilla significa el final de un proceso, pero, a largo plazo y según fuentes de la Administración, provocará el nacimiento de otro. El responsable de Juego dentro de la Consejería de Gobernación, José Antonio Soriano, auguró ayer un camino judicial largo y 'confuso' y subrayó que la sentencia del TSJA abría la posibilidad para que desde el Ejecutivo autonómico se declare desierto el concurso sobre el casino.

La situación legal de la adjudicación del casino de la capital andaluza está aún bastante enmarañada. La sentencia del TSJA -que anula la adjudicación administrativa y da la razón a un punto del recurso presentado por el empresario Manuel Lao Hernández y la sociedad Leisure and Gaming Coroporation contra la ganadora del concurso, Gran Casino Aljarafe, y la Junta de Andalucía- es una más dentro de un previsiblemente largo camino. De hecho, tras publicarse la adjudicación a Gran Casino Aljarafe en el BOJA del 25 de agosto de 1998, se presentaron seis recursos contra la decisión de la Administración. Tras la sentencia de ayer, aún quedan tres más por resolver, lo que, cuando se habla de justicia, se suele traducir en meses o incluso años de procesos y espera.

Soriano aseguró ayer que la Junta no replica la decisión judicial y que 'en principio' no se plantea apelar la sentencia del alto tribunal andaluz ante el Supremo. El director general de Juego afirmó ayer que el equipo jurídico del Ejecutivo autonómico presentará un 'incidente de ejecución' ante la sala del TSJA, 'para saber qué hay que hacer en este caso'. Desde Gobernación, se sostiene que no se quieren tomar decisiones precipitadas, ya que aún faltan por resolver tres recursos más y cualquier acción podría contravenir futuras resoluciones judiciales.

El responsable de juego, sin embargo, sí dejó entrever el futuro camino que seguirá la Junta en relación con el casino sevillano. Así, Soriano insistió en que la opción impulsada en su momento por Manuel Domínguez y el británico Judah Binstock, era 'la que más se ceñía a las condiciones marcadas en el concurso'. La sentencia del TSJA no anula el proceso, sino sólo la adjudicación, y da un plazo de cuatro meses para que se resuelva a favor de una de las otras participantes en el concurso o que éste se declare nulo. Esta segunda opción se ve cada vez con mejores ojos en el Ejecutivo andaluz. Así, Carmen Hermosín, actual consejera de Justicia pero responsable de Gobernación cuando tuvo lugar la adjudicación ahora anulada, aseguraba ayer desde Madrid en clara sintonía con las tesis de Soriano que 'ninguna de las opciones cumplía al 100% los requisitos exigidos y se eligió la mejor', luego ninguna tendría opciones de conseguir la adjudicación.

El responsable de Juego de la Junta ahondó en el tema y aseguró que 'la situación ha cambiado mucho en los últimos cinco años'. Soriano aseguró que algunas de las empresas que se presentaron en su momento al concurso no existen, otras han quebrado o vendido los terrenos en los que proponían levantar el centro de ocio. Siempre apelando al respeto a la sentencia y los tiempos que ésta y las por venir de otros recursos marquen, Soriano dejó claro que la Junta no prevé decidir una nueva adjudicación, por lo que opción más factible es hacer borrón y cuenta nueva y declarar desierto el proceso.

Según el alto cargo, el consejero de Gobernación, Alfonso Perales, ha presentado una petición ante el Parlamento autonómico para comparecer y explicar este caso.

Soriano insistió ayer en que el defecto que ha motivado la anulación (que figuraran personas jurídicas en vez de físicas como miembros del consejo de administración de la empresa adjudicataria) es meramente 'formal' y que la Ley de Sociedades Anónimas o el Reglamento del Registro Mercantil, ambas de ámbito estatal, amparan la decisión. Aún así, la Junta no prevé recurrir al Supremo y considera que la sentencia contiene buenas noticias al deshechar que existiera 'desviación de poder' en el proceso de selección.