'Se usa suelo público para salvar cuentas'

Pendiente de la aprobación de la primera Ley de Ordenación Urbanística autonómica, Josefina Cruz (Huelva, 1949) lamenta que las administraciones, no sólo los ayuntamientos, se valgan de sus patrimonios de suelo para obtener ingresos con los que cerrar sus cuentas de resultados y que este criterio economicista reste oportunidades para dotar a las ciudades de equipamientos necesarios.

Pregunta. ¿Por qué aún no se ha aprobado la Ley de Ordenación Urbanística cuyo borrador ya estaba redactado hace tres años?

'Hay que resolver de forma prioritaria el conflicto entre agua, turismo y agricultura'

'Si los ayuntamientos incumplen, deben dirimir los tribunales y las urnas, no la Junta'

Respuesta. Había un texto ya en 1999, pero el cambio de legislatura y en la dirección política de la Consejería requirió un proceso de maduración. Desde mayo del año pasado la tramitación ha ido rápida. También hubo una modificación de una ley estatal que impugnamos en el Constitucional, lo que provocó un reajuste del texto. Estamos pendientes del dictamen del Consejo Consultivo, ya ha pasado por el Consejo Económico y Social y la FAMP, es una ley con 226 artículos, compleja, que también afecta a las consejerías de Cultura, Medio Ambiente y Turismo, y sobre la que deben pronunciarse muchas instancias. Cuando esté el dictamen, el Consejo de Gobierno la remitirá al Parlamento y esperamos que sea aprobada en este año.

P. ¿Qué cambios debe producir la ley en la gestión del urbanismo en Andalucía?

R. La ley es continuista en la defensa de la función pública del urbanismo, algo que ahora mismo está en cuestión por el gobierno del PP. Debe aportar transparencia en los procedimientos urbanísticos. Por ejemplo, introduce cuestiones como la regulación de los convenios urbanísticos. También dota instrumentos para el fortalecimiento de las actividades en la ciudad ya existente. Hay muchas cosas que estaban en la legislación actual, el problema es el uso que se ha hecho.

P. También quedarán por fin claramente definidas las competencias de la Junta

R. Hay quien dice que la ley es intervencionista, y quienes dicen que la administración autonómica debe intervenir más. Las principales competencias de la Junta son la de legislar y el control de la legalidad de lo que los ayuntamientos plantean, que tienen amplias competencias. Nosotros no somos superiores jerárquicos de los ayuntamientos, cada uno tiene sus propias competencias, y normalmente los litigios entre ambos se resuelven en los tribunales. Otra cosa es que tarden más o menos. Cuando se habla de retirar competencias a los ayuntamientos hay que aclarar que se trata de competencias de orden menor que se cedieron por un decreto autonómico de 1994, pero en la nueva ley esas competencias ya son de los ayuntamientos. Siempre hay situaciones excepcionales, pero con este decreto y sin este decreto. La ley apuesta por la cooperación con los ayuntamientos, entendiendo que son administraciones públicas y que por tanto están en la defensa del interés general.

P. Ha sido muy frecuente que se pida la intervención de la Junta ante determinadas actuaciones municipales.

R. Nosotros tenemos que partir del planteamiento de que los ayuntamientos son los primeros interesados en la defensa del interés general en las ciudades. Si eso falla, es una cuestión que tiene que dirimirse en las urnas. Si un ayuntamiento no respeta su propia legalidad, nosotros planteamos la cuestión en los tribunales, pero no tenemos porque tener competencias para entrar directamente. Pongámonos en otro caso, que la Junta esté actuando mal en algunos asuntos de su competencia y tuviera que llegar el ministro del ramo a corregir. Sí reconozco que a veces la impotencia ante algunas actuaciones municipales provoca que se mire a la Junta para que nosotros corrijamos, pero no tenemos instrumentos directos para parar una obra con licencia municipal.

P. ¿Son respetuosos los ayuntamientos con sus normas urbanísticas?

R. Son más o menos respetuosos, lo que ocurre es que los ayuntamientos están muy presionados por los resultados a corto plazo en la gestión, tienen problemas de financiación general, y el urbanismo es una buena fuente de ingresos. La política de suelo tiene que establecerse a medio plazo, pero electoralmente las decisiones a medio plazo son menos rentables. Hay decisiones que hoy dan un beneficio, pero que dentro de cinco años crean en realidad más costes, por los servicios que se tienen que prestar a las nuevas urbanizaciones, y los ayuntamientos ya lo están entendiendo así.

P. ¿Permitirá la nueva ley, como esperan algunos alcaldes, que los ingresos por venta de suelo puedan destinarse a inversiones ordinarias de los ayuntamientos?

R. La ley desarrolla unos criterios sobre las finalidades que tiene que tener el patrimonio municipal de suelo, pero no va a permitir ese destino, ni a inversiones ordinarias ni a otra cosa, sólo a fines vinculados a la actividad urbanística, y dentro de ellos preferentemente para la promoción de viviendas públicas.

P. En un reciente artículo lamentaba que las ciudades están perdiendo oportunidades para su reequilibrio porque destinan todos los suelos en desuso a la construcción de vivierndas.

R. Yo no digo que todo el suelo público que quede sin función tenga que ir a parques, estoy diciendo que se piense globalmente. Primero hay que atender los intereses públicos, y después que haya también usos lucrativos porque la Administración no es rica. Pero creo que se está atendiendo más al interés de resolver una cuenta de resultados. Si hay que ir a presupuestos de déficit cero, si cada administración tiene que atender y resolver su gestión con sus propios recursos, si por ejemplo hace falta vender un cuartel en desuso para que el ministerio correspondiente pueda cerrar sus presupuestos, no queda más remedio que meter siete plantas en vez de tres. Estamos en una liberalización absoluta del comportamiento de los entes públicos.

P. ¿Cree que la solución a los problemas urbanísticos del litoral pasa por medidas restrictivas como las moratorias?

R. Básicamente, las competencias de la Junta en la ordenación del territorio está en los planes subregionales, donde podemos establecer criterios, pero queremos buscar el consenso con los ayuntamientos y eso significa tiempo. A veces se nos acusa de que se nos va la vida en esos procesos y que cuando ponemos los criterios la ocupación litroal está terminada. Yo tengo la instrucción de acelerar estos planes, especialmente en el litoral. La nueva Ley del Suelo prevé que cuando se formule uno de estos planes, se puedan tomar algunas decisiones con respecto a las modificaciones de planeamiento que se pudieran tomar en ese ámbito. Sería similar a cuando un Ayuntamiento decide suspender la concesión de licencias de obras mientras tramita un plan general. No es una moratoria, pero sí un instrumento de compatibilización.

P. La Costa del Sol Occidental todavía no tiene formulado un plan, pese a que es la franja litoral más colmatada.

R. Tengo más preocupación por aquellas zonas donde hay capacidad de ordenar como el Levante de Almería, Costa Occidental de Huelva, Cádiz, Granada y Costa del Sol Oriental, más que otras donde la colmatación es un hecho. Sí es cierto que en la Costa del Sol Occidental hay que intervenir porque no va a quedar reserva de suelo para las infraestructuras, pero en otras zonas hay un conflicto entre agua, turismo y agricultura que hay que resolver de forma prioritaria.

P. ¿Qué opina de actuaciones como el derribo del Gran Hotel Atlanterra?

R. Creo que ha estado envuelta de una campaña propagandística desproporcionada. Todos somos responsables de actuaciones poco respetuosas con el litoral, pero es un poco de desfachatez que el PP tome la bandera de que está recuperando el litoral de Andalucía. Ese hotel estaba en dominio público, había que tomar esta medida y es magnífico, pero ya se ha hecho otras veces y no se le ha dado esta propaganda. El PP debería dar instrucciones a sus propios alcaldes sobre las actuaciones para proteger el litroral.