El Sindic pide datos sobre las antenas de telefonía móvil

El Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, ha abierto una queja de oficio para constatar si los Ayuntamientos valencianos cumplen la normativa vigente en torno a la telefonía móvil. La Sindicatura planea elaborar una recomendación a la Cortes Valencianas con el fin de introducir cambios en la legislación y 'unificar' así unos criterios 'mínimos' de aplicación de la norma. El PSPV pidió ayer que se realice un inventario de antenas de telefonía móvil.

La incertidumbre sobre los efectos para la salud de las radiaciones electromagnéticas ha disparado la alarma entre la ciudadanía. Así lo acreditan las más de una docena de quejas elevadas por colectivos vecinales a la institución durante el pasado año. Tras un primer análisis, Bernardo del Rosal ha constatado que el grado de requisitos exigidos a las operadoras para la instalación de las antenas de telefonía móvil es 'dispar' de un ayuntamiento a otro. Ante este panorama, la Sindicatura de Greuges ha solicitado a los municipios con más de 40.000 habitantes -en el caso de las provincias de Valencia y Alicante- y a ocho consistorios de Castellón, información sobre los criterios que aplican para permitir la instalación de antenas.

Del Rosal explicó que la mayoría de los ayuntamientos exige a las operadoras como único requisito la licencia urbanística. Este permiso atiende, exclusivamente, a problemas técnicos y estéticos de la instalación, y no sanitarios. El Síndic considera, sin embargo, que 'con la ley en la mano se podría exigir la licencia de actividades cualificadas'. Este permiso, añade, 'sí que permite una valoración de los peligros sobre la salud'.

La Ley de Actividades Calificadas regula aquellas que entrañan posibles efectos nocivos para la salud. Sin embargo, a fecha de hoy, esta norma no incluye la telefonía móvil dentro de su catálogo de actividades peligrosas que requieren licencia de apertura. A juicio del Síndic, 'sería conveniente' introducir esta práctica dentro de la Ley de Actividades Calificadas, ante la incertidumbre sobre el efecto de las antenas sobre las personas. El catálogo de la ley no está cerrado porque pueden surgir otras actividades peligrosas. 'Tal y como está la cosa, la telefonía móvil no se puede excluir de este catálogo', recalca Del Rosal. De este modo, las operadoras se verían obligadas a aportar, por un lado, la licencia urbanística y, por otro, la licencia de actividades calificadas. Este requisito obligaría a la Administración autonómica a establecer un mayor control. El Síndic considera 'conveniente' unificar unos criterios para todo el territorio estatal sobre la actividad de la telefonía móvil.

Inventario

Mientras, el secretario de Innovación del PSPV, José Ignacio Pastor, reclamó ayer la realización de un inventario del número de antenas que existen para poder saber si se cumplen o no las recomendaciones de la Unión Europea. En declaraciones a Efe, Pastor señaló que en las comarcas valencianas 'existen aproximadamente 600 antenas, aunque todavía se desconoce el número exacto' y añadió que hasta que no se sepa cuántas hay y dónde están colocadas, 'no se sabrá si realmente respetan las normas o no'.

Los socialistas creen que la sociedad debe estar 'tranquila', ya que el informe de la Unión Europea indica que 'no existe ninguna prueba' de que los campos electromagnéticos de las antenas de telefonía móvil produzcan efectos nocivos en la salud. 'En España es donde más inseguridad hay porque los ciudadanos no confían en el Gobierno, ya que el PP hace las cosas tarde y mal', indicó el secretario de Industria socialista refiriéndose a la aplicación de la recomendación europea, realizada en 1999 y que en España no se empezó a aplicar hasta septiembre de 2001.