Interés urbanístico

El Ayuntamiento de Castellón, con mayoría absoluta del PP, ha declarado urbanizable una zona residencial de 164.000 metros cuadrados que es urbana, ya concebida como ciudad-jardín en el anteproyecto urbanístico de la ciudad del año 1923 y cuya contribución pagamos como tal, ubicada dentro del casco urbano, donde existen una serie de edificaciones unifamiliares con su correspondiente y abundante antigua arboleda y jardinería bien conservada donde vivimos todo el año. Y ha decidido otorgar la realización de los trabajos a la Urbanizadora Vistamar, para hacer tabla rasa de todo lo existente, excepto media docena de edificaciones que están en primera línea, posiblemente para disimular, y volver a convertir la zona residencial ¿en una segunda zona residencial?

En esta operación estamos obligados a ceder el 48% de la superficie de nuestras propiedades, así como a asumir el coste de todas las obras que se lleven a cabo e indemnización de los derribos. Con ello se da la paradoja de que en vez de ser indemnizados según el art. 33, párrafo 3 de la Constitución, que dice que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización, resulta que nos tenemos que indemnizar a nosotros mismos y sin que en este caso veamos ni la necesidad pública ni el interés social, excepto el del parentesco familiar del edil de Urbanismo del Ayuntamiento, Alberto Fabra, con Vistamar.

Ante este atropello que se nos venía encima los vecinos y al mismo tiempo propietarios de más del 50% de los terrenos a urbanizar nos hemos constituido en la agrupación de interés urbanístico Estepar y hemos presentado una alternativa que mejora las condiciones de Vistamar, ya que tratamos por nuestro propio interés de respetar la mayoría de las edificaciones, arboleda y jardinería; y contrariamente a lo que manifiesta el Ayuntamiento, los costes son menores. Todo esto lo quieren hacer por la vía rápida, haciendo caso omiso de nuestras preferencias como propietarios de los terrenos, y también de un auto del Tribunal Superior de Justicia que cuestiona la ley valenciana reguladora de la actividad urbanística (LRAU) por considerarla anticonstitucional.