Patronal y sindicatos emplazan al PP a desbloquear ya la transferencia de las políticas activas de empleo

Sindicatos y patronal acordaron ayer ir de la mano para exigir al PP y al Gobierno central que desbloqueen el traspaso de las políticas activas de empleo, una transferencia cuyos aspectos técnicos ya fueron consensuados por el Ministerio de Trabajo y la Consejería de Empleo en primavera de 2001. Comisiones Obreras, UGT y la CEA han pedido entrevistas con los dirigentes regionales del PP y con el delegado del Gobierno central, José Torres Hurtado, para trasladarle su 'posición común'. En caso de que sus gestiones no logren el traspaso inmediato de estas competencias, exigido por la Junta desde 1996, los sindicatos anunciaron movilizaciones, una medida de presión de la que la patronal se desmarcó.

El presidente de la CEA, Rafael Álvarez Colunga, exigió al Gobierno central el traspaso inmediato de las políticas activas de empleo 'en las mismas condiciones en las que se han transferido ya a otras 13 comunidades autónomas'. Álvarez Colunga, en la conferencia de prensa celebrada tras la reunión con los dirigentes sindicales, insistió en que la patronal, al reclamar el traspaso, sólo defiende 'el desarrollo autonómico que se recoge en el marco estatutario' y recalcó que la posición de los agentes sociales es 'independiente' y no busca reavivar el enfrentamiento entre Junta y Gobierno.

'No se explica cómo a Andalucía, que es una de las regiones con más trabajadores de España, no se traspasan estas políticas', dijo el presidente de la CEA quien, en todo caso, se mostró más conciliador que los representantes de UGT y CC OO. 'Apostamos por lograr un clima de diálogo y consenso', corroboró Santiago Herrero, secretario general de la patronal andaluza y candidato a la presidencia de la patronal. Colunga se mostró confiado en que la enmienda que presentará el PP andaluza en el Congreso Nacional del partido que se celebra este fin de semana facilitará este traspaso, a pesar de que los populares han rechazado en varias ocasiones mociones socialistas en el Congreso y el Senado solicitando la transferencia.

Las políticas activas de empleo son reclamadas por la Junta desde 1996 y, desde entonces, los últimos tres ministros de Trabajo (Javier Arenas, Manuel Pimentel y Juan Carlos Aparicio) han anunciado en varias ocasiones el traspaso próximo de las competencias. Las negociaciones entre Gobierno y Junta culminaron en marzo de 2001 con un acuerdo técnico que recogía la gestión compartida de los fondos del antiguo PER, el traspaso de 1.627 funcionarios y 190 oficinas del INEM y el pago de 8.000 millones de pesetas al año para hacer frente al coste de la transferencia (gastos de funcionamiento, inversiones de mantenimiento).

Este acuerdo técnico de marzo permitiría a la Junta gestionar los 22.000 millones anuales del antiguo PER y los 40.000 millones anuales de las políticas activas (casas-taller, escuelas de oficios, servicios de intermediación, financiación de programas locales contra el paro) destinados a Andalucía. Tras el acuerdo técnico, el Gobierno autonómico decidió dar luz verde al Servicio Andaluz de Empleo, un organismo consensuado con sindicatos y patronal que debía hacerse cargo de estos fondos y que estaba congelado desde 2000.

Los Presupuestos autonómicos de 2002 recogen la creación del Servicio Andaluz de Empleo que se quedará vacío de contenido este año ante la falta de competencias. Desde la pasada primavera, el Gobierno central ha resuelto las negociaciones con otras comunidades como Extremadura, La Rioja, Baleares o Castilla-León, cuyo techo competencial es mucho menor que el de la comunidad andaluza, la única de las históricas que no ha recibido el traspaso.

Movilizaciones

El secretario regional de UGT, Manuel Pastrana, y el de CC OO, Julio Ruiz, coincidieron en resaltar la importancia de la 'posición común' de los agentes sociales como arma de presión sobre el Gobierno central. Ruiz avanzó que el calendario de movilizaciones 'podría ser más amplio' de no conseguir el compromiso buscado, una postura que comparte UGT. Patronal y sindicatos descartaron un recurso judicial como 'estrategia adecuada', una iniciativa que los socialistas estudian. El PSOE también prevé una campaña para exigir el traspaso de las competencias.