Las propuestas del centro

El Partido Popular ha querido centrar el debate de su congreso en tres asuntos: la sociedad del pleno empleo; las nuevas responsabilidades del Estado al comienzo de este siglo; el patriotismo constitucional. Con la responsabilidad que tiene como el partido que goza del respaldo de la mayoría de los españoles, propone incluir estas tres grandes cuestiones en la agenda del debate público nacional. Veámoslas sucintamente.

Quizás paradójicamente para algunos, el Partido Popular se ha convertido en el partido del empleo. Nunca se creó tanto empleo como en los cinco años de gobierno del PP. Más de tres millones y medio de afiliados nuevos a la Seguridad Social supone un cambio radical en la situación laboral y social de España. Éste es el fenómeno que ha transformado más sustancialmente a la sociedad española en estos años. Nuestro espectacular acercamiento a la convergencia real con Europa se debe a él.

Si hemos podido salir de un largo túnel de desempleo masivo con el que convivió nuestra democracia durante dos décadas, podemos proponernos alcanzar en ésta el pleno empleo. Lo planteamos como objetivo político central. La máxima de este enfoque sería: todo lo que favorezca el empleo es bueno y hay que adoptarlo; todo lo que lo perjudique, hay que rechazarlo.

Es ésta una opción de fondo, radical, si se quiere. Es lo que llamamos alcanzar la sociedad del pleno empleo, porque el pleno empleo con alta tasa de actividad masculina y femenina genera un nuevo tipo de sociedad, diferente a la que hasta ahora hemos vivido. Es un tipo de sociedad al que tenemos que ir preparándonos y que, también, nos plantea desafíos de envergadura: la conciliación de la vida laboral y familiar, la cuestión demográfica, la integración de la población que va a venir a vivir con nosotros.

Que un partido mayoritario y que tiene las responsabilidades de gobierno asuma este compromiso fundamental en la orientación económica y social de sus políticas no deja de tener consecuencias relevantes. El diálogo, por ejemplo, con los agentes sociales se convierte en un instrumento crucial. Pero, sobre todo, porque el objetivo que se propone a la sociedad española es un objetivo movilizador, que requiere más dinamismo económico, más innovación, mejor educación, más apertura. En todo ello ha de consistir esta nueva fase modernizadora de la sociedad española.

El segundo tema que exige un debate a fondo es el que se refiere a las responsabilidades del Estado en las circunstancias que vivimos y que exigen un enfoque innovador. Aquí también partimos de un hecho incuestionable: los cinco años del gobierno del PP han sido la etapa de más intensa construcción real del Estado de las Autonomías. El Pacto Autonómico PSOE-PP de l992 se ha llevado prácticamente a su culminación en estos años. Estamos, desde luego, en una etapa nueva del Estado de las Autonomías: la descentralización política alcanzada es inédita en nuestra historia contemporánea.

Por ello, con la legitimación que proporciona haber promovido el decisivo impulso de estos años en la construcción del Estado Autonómico, queremos decir a los españoles y a las fuerzas políticas que ahora nos corresponde centrar nuestros esfuerzos en hacer que el modelo funcione, y que con él podamos proseguir la tarea modernizadora de la sociedad española.

El 11 de septiembre nos ha hecho ver la importancia de las funciones clásicas del Estado: la garantía de los derechos y libertades, la seguridad, la justicia y la proyección exterior en un mundo abierto. Por otra parte, el Estado de las Autonomías ha supuesto que el grueso de las políticas de bienestar esté asumido por las comunidades autónomas. Para su eficacia, apoyada por el valor de solidaridad, ahora hay que mejorar todos los mecanismos de coordinación y cooperación.

Pero, además, ahora nos corresponde impulsar una nueva tarea descentralizadora. Es lo que proponemos como segunda descentralización. Consiste en incrementar las competencias de los municipios. Es cierto que esta propuesta política puede contar con una actitud reticente de algunos poderes autonómicos, que se encuentran muy satisfechos con las tareas que han asumido. Pero es una reforma necesaria, porque no podemos detener la lógica descentralizadora hasta sus consecuencias naturales. Por ello, sería enormemente positivo alcanzar un acuerdo de carácter similar al concluido entre el PP y el PSOE en 1992 y que debería abrirse a otras fuerzas políticas.

Finalmente, hemos querido plantear a la sociedad española un debate sereno y amplio sobre El Patriotismo Constitucional. El eco que ya ha suscitado la iniciativa muestra su necesidad y su oportunidad. También lo muestra el carácter y orientación de muchas de las reacciones y reflexiones que se han producido a lo largo de estas semanas, que hay que agradecer. Porque qué duda cabe que esta iniciativa sólo tiene sentido si sirve para ejercer el diálogo -un diálogo sincero y no exclusivamente político- sobre una cuestión que no debía ya quedar encerrada en un baúl, que nadie se atreviera a abrir.

La sociedad española está madura para examinar lo que nuestra Carta Magna ha significado para la vida nacional, precisamente para mostrar la fortaleza de los vínculos que nos unen, que nacen de nuestra realidad histórica como nación plural, y que están plasmados de modo certero en la Constitución. Los valores, principios y modelo de Estado que la Constitución consagra son base de la convivencia y del proyecto común que debemos ir realizando los españoles. Los logros de la España constitucional en este fecundo periodo histórico de casi cinco lustros -¿quién se va a atrever negarlos?- son un sólido punto de partida para cualquier reflexión sobre nuestro presente y nuestro futuro.

Claro está que esta voluntad de diálogo, que pretende reforzar las amplias zonas de encuentro que necesita cualquier convivencia democrática, no está exenta de riesgos. Porque todavía persisten en nuestra escena pública prejuicios que intentan descalificar iniciativas, precisamente las que como ésta están expresamente orientadas al diálogo, por venir sencillamente de donde vienen.

Contando con tales posiciones, que forman parte de nuestro paisaje, hay que insistir, sin embargo, en la necesidad del entendimiento en las cuestiones básicas de nuestra convivencia entre las grandes fuerzas políticas de España, justamente a partir -y reconociéndolos- de los avances de la España constitucional. Por citar algunos: hemos elaborado un muy aceptable sistema que garantiza los derechos y libertades; la democracia se ha asentado con elecciones sinceras y que han permitido el turno pacífico de los partidos; hemos sabido construir una sociedad próspera y con bienestar; y hemos transformado el Estado dotando a las comunidades autónomas un altísimo nivel de autogobierno.

La conciencia de que estos grandes resultados los hemos hecho entre muchos impide cualquier voluntad -que sería tan estúpida como estéril- de apropiarse de la Constitución y del sentimiento constitucional, así como de pretender imponer una determinada idea de España. Y, por el contrario, refuerza la afirmación de que todo eso lo tenemos que compartir, sencillamente porque no es de nadie.

Y, por último, también de ahí se deriva la posición política que da el máximo valor a la estabilidad constitucional. Por muchas razones, pero porque con el actual marco de libertad todos -salvo los que con el terror pretenden implantar un orden totalitario- hemos recibido grandes beneficios.

Eugenio Nasarre es coordinador de las ponencias del XIV Congreso del PP.