La carga policial contra inmigrantes en Almería desata la condena de partidos y asociaciones

La carga policial contra unos 300 inmigrantes indocumentados, ocurrida el martes en Almería, provocó ayer una condena casi unánime de partidos políticos, asociaciones y el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, que rechazó la actuación por 'desmedida'. Varias organizaciones sociales pidieron la dimisión del Subdelegado del Gobierno en Almería, Fernando Hermoso, por ordenar la carga policial, que provocó numerosos heridos y 31 detenciones. Izquierda Unida anunció ayer que pedirá la comparecencia del ministro del Interior, Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados para que dé explicaciones. El Gobierno expulsará a los detenidos que carecen de papeles.

Izquierda Unida anunció ayer que pedirá la comparecencia del ministro del Interior, Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados tras la 'desmesurada' carga policial ocurrida el martes en los alrededores de la Alcazaba de Almería. El portavoz de IU en el Congreso, Felipe Alcaraz, exigió, además, la destitución 'fulminante' del subdelegado del Gobierno en Almería, Fernando Hermoso.

También representantes de organizaciones como Andalucía Acoge y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía pidieron ayer la dimisión de Hermoso al considerar 'impresentable que una concentración pacífica sea abordada policialmente con heridos y perseguidos', según el presidente andaluz de Derechos Humanos, Rafael Lara.

La condena del PSOE fue más tibia, aunque el consejero de Gobernación, Alfonso Perales, lamentó lo ocurrido. El secretario de Políticas Sociales e Inmigración del PSOE andaluz, Salvador de la Encina, advirtió al Gobierno de que los problemas de la inmigración 'no se resuelven a palos', informa Europa Press.

También el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, criticó la 'desmesurada' actuación policial contra unos 300 inmigrantes, que se habían concentrado en los alrededores de la Alcazaba después de haberse manifestado ante la Subdelegación del Gobierno para protestar por no haber sido regularizados.

El subdelegado del Gobierno en Almería, Fernando Hermoso, a través de un comunicado de prensa, aseguró ayer que todos los inmigrantes indocumentados detenidos serán 'inexorablemente expulsados del territorio nacional en el plazo más corto de tiempo que permita la ley'. Durante la operación policial fueron detenidos 31 inmigrantes, según el Gobierno. El Sindicato de Obreros del Campo (SOC), que apoyó la protesta de los inmigrantes, elevó la cifra de detenciones a 43 y una treintena de heridos, que la Administración rebajó a 8. Entre los detenidos figuran tres españoles por 'resistencia y desobediencia a los agentes'.

En su comunicado, la Subdelegación del Gobierno advierte de que no permitirá nuevas concentraciones o medidas de presión para exigir la regularización de inmigrantes indocumentados en Almería. 'No va a producirse ningún nuevo proceso de regularización, ni se van a permitir en forma alguna asentamientos o medidas de fuerza para la regularización de inmigrantes', señala la nota.

En Almería, la mayoría de las organizaciones humanitarias y sindicales han censurado la dureza empleada contra los inmigrantes, pero también expresaron su desacuerdo con la postura del SOC de promover concentraciones. 'Ha sido algo irresponsable y ellos son los únicos responsables, no contaron con nadie para hacer esa protesta y sabían que sabían que no lograrían nada', criticó el presidente de Almería Acoge, Antonio Puertas.

En esa misma línea se manifestó el responsable provincial de inmigración de CC OO, Emilio Asensio, que consideró una 'imprudencia del SOC, si fueron ellos los que animaron las concentraciones, porque saben que Interior dio órdenes hace un tiempo de actuar con dureza'. Asensio matizó que coinciden, sin embargo, con el fondo de la protesta: 'O se regulariza a todos o se expulsa a todos los que no tengan papeles'.

Por su parte el dirigente regional del SOC, Diego Cañamero, que ayer se desplazó hasta Almería, denunció que su sindicato está siendo 'demonizado' y anunció que solicitarán una manifestación en Almería para la próxima semana. Cañamero dijo que la provincia viven unos 7.000 inmigrantes indocumentados que el Gobierno debería regularizar o expulsar. 'Eso es lo que demandamos y mientras sigan aquí los defenderemos como a cualquier otro jornalero, al margen de que tengan o no papeles', afirmó.