Un año de la Ley de Extranjería

A un año de entrada en vigor de la Ley de Extranjería, ninguno de los motivos esgrimidos por el Gobierno para una tan apresurada y poco consensuada modificación de la ley anterior se ha cumplido.

Con la nueva ley, el Ejecutivo prometía corregir el tan manido 'efecto llamada' que, según él, provocaba la anterior legislación y prometía controlar la entrada de inmigrantes irregulares, así como luchar contra las mafias que les explotan, pero después de estos últimos doce meses, la realidad es otra. La ley no ha frenado la entrada de personas inmigrantes porque, como ya decíamos hace un año, no son las leyes las que mueven a las personas a dejar su casa, familia y país para embarcarse en una aventura que, en ocasiones, incluso les cuesta la vida. No son las leyes sino la desigualdad cada vez mayor entre el Norte y el Sur, las guerras, los gobiernos de los países de origen, en muchos casos corruptos y autoritarios, y la existencia de mafias, redes de tráfico de personas que, sabedoras de la demanda de mano de obra barata, sin derechos y al margen de toda regulación laboral, existe todavía hoy en nuestro mercado de trabajo.

Éstas son las verdaderas causas, éstas y el propio desarrollo económico que hemos tenido en los últimos años y que nos ha hecho pasar de ser un país emisor de personas emigrantes a ser un país receptor de personas inmigrantes.

Nuestra situación actual de desarrollo y la experiencia histórica de nuestros emigrantes debería hacernos considerar el fenómeno de la inmigración como algo positivo, tanto por las necesidades de mano de obra y las dinámicas de envejecimiento de la población autóctona como por el dinamismo social, económico y cultural que la inmigración incorpora, sin olvidar la situación de los países de origen y el principio de solidaridad que tiene que estar presente en todo el planteamiento.

Todo lo anterior es imposible con la actual ley, que se caracteriza por ser restrictiva, policial y criminalizadora de la inmigración. Una ley que recorta derechos, como los de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga; una ley que restringe las garantías de asistencia jurídica gratuita, que recorta participación política e incluso la reagrupación familiar; una ley que por estas razones y a pesar del pobre papel que jugó el Defensor del Pueblo no haciendo eco de la demanda de amplios sectores sociales, entre los que se encontraba y se encuentra CC OO acabó, evidentemente, siendo recurrida ante el Tribunal Constitucional y se encuentra en espera de la resolución de éste.

Desde el punto de vista sindical, es inadmisible una ley que no reconoce a la persona como sujeto pleno de derechos, tan sólo como mano de obra barata, pues ello, aparte de ocasionar precariedad laboral, desregularización del mercado e inestabilidad social, impide la integración del individuo. Esta visión de la persona inmigrante favorece prejuicios negativos sobre la inmigración y fomenta la explotación y el enriquecimiento de las redes de tráfico de personas.

Desde CC OO se ha brindado la máxima cooperación en la lucha contra estas mafias, en cuanto suponen de aberrantes y vulneradoras de los derechos humanos, las cuales han de ser objeto de persecución tanto penal como administrativamente. La colaboración entre Citmi-CC OO (Centro de Información a Trabajadores Migrantes) y la Subdelegación de Gobierno hizo posible la desarticulación de dos de estas redes que operaban en la provincia de Valencia.

En definitiva, esta ley (Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social) no permite ni el desarrollo de los derechos y libertades de los 'extranjeros' ni, por supuesto, su integración.

Desde CC OO seguimos pidiendo la retirada de la ley y la creación de una política de inmigración que favorezca la convivencia, que respete los derechos laborales, que propicie políticas de codesarrollo con los países de origen, que potencie la responsabilidad interministerial (y no del Ministerio del Interior, como sucede actualmente) y que cree ámbitos de diálogo donde, desde el consenso y la participación de los agentes sociales, se supere la visión anacrónica y reduccionista que impide la integración social de nuestras nuevas compañeras y compañeros.

Neus Carrasco Llopis es secretaria de Política Social de CC OO-PV.