El fiscal recusa a los magistrados y obliga a suspender la vista

El juicio de la Operación Temple -sobre la introducción de 10 toneladas de cocaína en España- quedó ayer definitivamente aplazado sine die.

La admisión a trámite de la querella del fiscal general del Estado contra el tribunal que debía de juzgar el caso determinó que los magistrados suspendieran las sesiones de la vista y abrieran un plazo hasta el día 22 para que el fiscal y las defensas se pronuncien sobre el asunto.

Sin embargo, tampoco ese trámite va a ser pacífico, puesto que ayer mismo la Fiscalía Antidroga presentó en el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional un escrito de recusación de los tres magistrados invocando que existe causa legal para ello como 'estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de éstas [las partes que intervengan en la causa] como autor, cómplice o encubridor de un delito'. Esta causa está tipificada en el artículo 54 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en el 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La recusación ha impedido que los magistrados se abstengan por los mismos motivos, pero es obvio que de haberse abstenido no hubieran sido coherentes consigo mismos, puesto que tienen intención de recurrir la decisión del Supremo contra ellos.

La causa, a los sustitutos

Ahora, la causa pasará a manos de los sustitutos legales de los tres magistrados. Caso de ser aceptada la recusación, supuesto casi obligado porque la ley es clara al respecto, los sustitutos deberán preparar de nuevo el juicio, dando por anuladas las sesiones que se han celebrado hasta el momento.

Fuentes de la Fiscalía Antidroga señalaron que, a su entender, la recusación imposibilita a los magistrados para celebrar cualquier tipo de vista, ya que el Ministerio Fiscal es uno, aunque la función sea desempeñada por diferentes personas.

Varias fuentes consultadas, sin embargo, destacaron que los magistrados sí estarían facultados para resolver los recursos estudiados en las vistas ya celebradas, aunque las resoluciones no hubieran sido notificadas todavía. Es decir, los magistrados sí estarían facultados para resolver sobre la prisión preventiva de la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, cuyo recurso contra la prisión preventiva se celebró el lunes pasado, aunque la decisión de los magistrados todavía no se conoce.

Fuentes próximas a los magistrados han destacado que la decisión del Supremo ha supuesto un duro golpe para ellos, aunque han recibido numerosas muestras de apoyo por parte de otros magistrados, fiscales y funcionarios. Lo afrontan 'con serenidad y la mayor dignidad posible', precisaron las citadas fuentes.