Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
COLUMNA

Menores

La justificación de la entrada en vigor de la Ley del Menor, puede encontrase en el intento de rehabilitación de los menores que han cometido delito. Desde este punto de vista, puede entenderse que el derecho de las víctimas, y perjudicados por el delito, sea satisfecho con menos rigor, que en los casos que el delito es cometido por adultos.

Viene esta reflexión al hilo de la denuncia, que la Fiscalía de Granada ha presentado ante un Juzgado de Instrucción. Interesa que se continúen investigando unos posibles malos tratos sobre algunos menores, que se encontraban internados en el centro femenino San Miguel, que depende de la Consejería de Asuntos Sociales y gestiona una empresa privada. La Fiscalía quiere saber si estas menores, han sido atadas de pies y manos.

De ser ciertos estos hechos -y existen razones para creerlo, según el fiscal- se estarían vulnerando los derechos del menor; se estaría burlando el sacrificio de las víctimas del delito, y se podría estar cometiendo un delito en un centro público andaluz, sin que los encargados de la vigilancia se hubieran enterado, si no se aprovecha una visita al centro y se denuncia por una de las internas.

Algunos juristas se han manifestado en el sentido de que la existencia de un vacío reglamentario -no está aprobado el Reglamento para la ejecución de la Ley del Menor- puede impedir a cuidadores, y educadores, saber hasta donde pueden llegar en sus tareas. Sin embargo, esta ausencia, no puede servir de pretexto para negar el derecho de los menores a ser tratados como personas, y no como fardos.

En este sentido es bienvenida la actuación de la Fiscalía de Granada. Ayuda, en estos tiempos de manzanilla y de profesoras de religión, a que la Justicia recupere su sentido. Y, pensar, que no actúa sólo sobre los parientes pobres de la sociedad, sino que también emplea su tiempo en atender sus derechos, si son lesionados.

Claro que un control en la ejecución de las medidas de internamiento, que no se realizara desde la lejanía y con medios ajenos a la Consejería, podría servir a un mejor cumplimiento de la Ley. Hechos, como los denunciados por la Fiscalía, si fueran ciertos, se podrían conocer, sin hacerlos depender del grado de valentía de quiénes están privadas de libertad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 23 de enero de 2002