El PSOE e IU afirman que el Concordato no exime de cumplir la Constitución
La negativa del arzobispado de Valladolid a entregar los documentos pedidos por la juez del caso Gescartera con el argumento de que los acuerdos con la Santa Sede de 1979 amparan su 'inviolabilidad' desató ayer una fortísima crítica de los partidos de la oposición. PSOE e Izquierda Unida reclamaron que no se permita a la Iglesia 'saltarse la Constitución'.
La dirección del PSOE, a través de sus ejecutivos Jesús Caldera, Juan Fernando López Aguilar y Álvaro Cuesta, recriminó esa pretensión del arzobispado de Valladolid. López Aguilar calificó de 'inconcebible' que la Iglesia quiera 'utilizar los acuerdos con la Santa Sede para lograr un estatuto penal especial y la exención de las normas del Estado de derecho'. A su juicio, es un 'escándalo' que el arzobispado 'no quiera colaborar con la Justicia' amparándose en los acuerdos de 1979. 'No es un Concordato, eso se firmó en la dictadura, es un acuerdo de colaboración que debe interpretarse de acuerdo con la Constitución'. Y si el arzobispado se niega a esa colaboración, para López Aguilar es 'evidente que tiene algo que ocultar'. Este diputado recuerda que el ecónomo Enrique Peralta se comprometió durante su declaración en la Comisión Gescartera a remitir inmediatamente al Parlamento una copia de la nota manuscrita en la que él tenía resumidas sus inversiones en Gescartera y los documentos que soportaban esos apuntes. Nunca lo hizo.
Rectificar
El portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, recomendó al arzobispado que revise su negativa porque los ciudadanos 'no podrían entender' que 'la Iglesia, portadora de valores importantes, pudiera negar datos sobre la administración de sus recursos a un juez o a Hacienda'. El responsable de Política Municipal socialista, Álvaro Cuesta, culpó al Gobierno de que la Iglesia sea un 'paraíso fiscal en España'.
Desde Izquierda Unida, su coordinador general, Gaspar Llamazares, calificó el recurso del arzobispado de 'desacato al poder judicial' y exigió al Gobierno que obligue a esta institución eclesiástica a cumplir la Constitución. 'Nadie es impune en un país democrático ni a la Justicia ni a las leyes, porque el Estado de derecho es para todos, y en él no existen espacios de impunidad', subrayó Llamazares. IU, en un comunicado, resumió así la posición de este grupo: 'Aunque el reino de la Iglesia siga sin ser de este mundo, el Gobierno del PP y el fiscal general del Estado no pueden permitir ni un segundo más que la Iglesia se burle constantemente de la legislación vigente'.
