García Antón lleva al Consell el borrador de la nueva ley de ordenación territorial
José Ramón García Antón distribuyó ayer entre los miembros del Consell el borrador definitivo de la nueva ley de ordenación territorial. El texto debe superar ahora varios trámites antes de llegar a las Cortes Valencianas, pero fuentes de Obras Públicas esperan que la ley sea definitivamente aprobada a lo largo del periodo de sesiones que termina en junio.
El texto, largamente esperado, responde a una promesa formulada por Eduardo Zaplana durante el debate de política general celebrado en septiembre de 1998 y debe convertirse en la referencia para cualquier proyecto de desarrollo futuro en la Comunidad Valenciana con especial atención a la sostenibilidad del territorio: la garantía de acceso a los recursos hídricos y el respeto a los valores medioambientales.
El Consell aprobó ayer un paquete de medidas para combatir la violencia de género con una dotación económica que ronda los 16 millones de euros (2.657 millones de pesetas). El plan incluye un confuso paquete de medidas de carácter jurídico que suponen modificaciones del vigente Código Penal puesto que propone, según la información oficial, 'la reaparición del término violación y del delito de corrupción de menores; la tipificación del delito de tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual, y la inclusión del acoso ambiental como delito'.
Confidencialidad
El plan pretende garantizar la posibilidad de presentar denuncias de manera confidencial y prevé la inclusión de los ex cónyuges y ex convivientes como autores en las faltas y delitos de maltrato habitual; la definición de habitualidad; el establecimiento expreso de la posibilidad de forzar el alejamiento del agresor como medida de protección; la posibilidad prohibir la residencia en determinados lugares, la aproximación y la comunicación con la víctima, y la mención específica al ejercicio de la violencia psicológica en la tipificación de estas conductas.
El pleno también aprobó el reglamento de funcionamiento de la Agencia Valenciana de la Energía, que será la entidad responsable de definir las medidas necesarias para obtener el nivel idóneo de conservación, ahorro y diversificación energética en todos los sectores empresariales y para el ahorro energético, dirigidas a entidades públicas y privadas, empresas y particulares.
El reglamento deja en el aire el origen de los recursos de la agencia que, según la nota oficial, 'establecerá cauces de financiación con el Instituto Valenciano de Finanzas, así como con otras instituciones públicas y privadas; y constituirá y participará en sociedades mercantiles y entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto esté relacionado con los fines de la entidad'.
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