Cárcel para el prefecto pirómano

Un tribunal de Córcega condenó ayer a Bernard Bonnet, máxima autoridad de Francia en la isla durante 14 meses, por haber ordenado actos de guerra sucia cometidos en ese territorio. Los jueces le consideran el instigador del grupo de gendarmes encapuchados que incendiaron dos restaurantes de playa construidos ilegalmente, por lo que le condenan a tres años de cárcel, de los cuales ha de cumplir al menos uno. El episodio puso en aprietos al Gobierno de Lionel Jospin, que desde entonces ha intentado resolver por la vía negociadora la violencia que sigue azotando la isla.

Bonnet llegó a la prefectura de Córcega en medio del traumatismo producido por el asesinato de su predecesor, Claude Erignac, el 6 de febrero de 1998. Propuesto por el entonces ministro de Interior, Jean Pierre Chévénement, como 'el hombre adecuado para el destino idóneo en el momento preciso', el nuevo prefecto no dudó en usar los métodos más duros. Bajo su mando, el número de atentados en la isla se redujo a 96 en 14 meses, frente a una media anterior de 400. Creó una fuerza de élite con gendarmes de su confianza, los Grupos de Pelotones de Seguridad (GPS), a los que encargó, según la sentencia, los atentados que redujeron a cenizas los dos restaurantes ilegales.

La sentencia afirma que Bonnet 'abusó de los poderes excepcionales de los que fue investido'

Cientos de sospechosos fueron detenidos en las redadas de Bonnet, sin que entre ellos se pudiera hallar a los asesinos del prefecto Claude Erignac, un misterio que todavía pesa sobre el Estado francés y al que ayer acusó directamente el condenado: 'Este Gobierno, que deja en libertad al asesino de Erignac, ha presionado para que mi proceso se celebrara en Ajaccio porque los nacionalistas lo han exigido'.

Las quemas se produjeron en 1999 después de que la Asamblea de Córcega consiguiera un aplazamiento del derribo de las edificaciones ilegales que festoneaban la costa. Políticos corsos presionaron para que los restaurantes continuaran en pie hasta el 30 de octubre, para aprovechar la temporada turística. Era una bofetada a la campaña de demoliciones que Bonnet había intentado. En la noche del 20 de abril, un grupo de gendarmes encapuchados roció de gasolina el restaurante Chez Francis. El viento envolvió en llamas al jefe de la patrulla, el capitán Ambrosse, y los pirómanos abandonaron sobre el terreno una capucha ensangrentada, un walkie-talkie, un puñal reglamentario y tres bidones de gasolina a los que ni siquiera habían retirado el código de barras, lo que facilitó su rápida detención.

Todos los detenidos acusaron a Bonnet durante el juicio celebrado en Ajaccio, la capital de Córcega, a finales del año pasado. Los jueces condenan toda la línea de actuación seguida por el hombre del puño de hierro, quien 'abusó de los poderes excepcionales de los que fue investido' e impulsó a sus subordinados a 'cometer delitos del mismo tipo de los que él denunciaba legítimamente con fuerza y determinación'.

La condena de la guerra sucia es terminante: 'Todos los implicados conocían perfectamente el carácter ilegal de sus acciones'. Lo que tampoco se pone en duda es que las construcciones destruidas ilegalmente eran ilegales: la misma sentencia que condena a Bonnet declara que Chez Francis estaba construido sobre el dominio público marítimo. No obstante, indemniza a su propietario con 13.000 euros.

Bonnet, de 53 años, ha negado vehementemente haber dado las órdenes para quemar los restaurantes ilegales, antes, durante y después del juicio. El ex prefecto recurrirá esta sentencia al Tribunal de Apelación y para ello ha contratado a un famoso abogado, Jacques Verges, el quinto que ha tenido desde que fue detenido. El nuevo letrado no ha perdido tiempo en acusar de un compló a Matignon -la residencia del primer ministro- y a la Gendarmería, al tiempo que se pregunta si el Ministerio del Interior, que ha pagado a los anteriores abogados de su cliente, continuará haciéndolo ahora que éste se encuentra condenado. El ex jefe de la Gendarmería en la isla, el coronel Henri Mazères, y el antiguo jefe de gabinete del prefecto, han sido condenados a 30 meses de prisión, de los cuales habrán de cumplir seis.