El fiscal de menores pide un centro terapéutico de internamiento y otro de deshabituación

Manuel Dolz considera que los episodios de violencia escolar 'no tienen mucha gravedad'

Valencia - 12 ene 2002 - 00:00CET

Manuel Dolz considera que la aplicación de la nueva Ley Penal del Menor no puede aún ser evaluada de forma definitiva. 'Las Cortes han establecido un plazo de cinco años para la elaboración de informes, lo cual da una idea de cómo se deben abordar los datos', afirma. El fiscal coordinador de menores reconoce que la cifra de diligencias se ha prácticamente triplicado en 2001 respecto del año anterior. De las 5.000 se ha pasado a las más de 10.000 con la aplicación de la nueva norma. 'La razón es lógica, hemos incorporado las diligencias del tramo de edad que va de los 16 a los 18 años. Sería un problema si el balance del próximo año registrara un incremento similar al de éste, se trata de superar un problema coyuntural, que no se convierta en estructural', agrega Dolz.

Manuel Dolz reconoce que la ley entró en vigor 'con una gran imprevisión, ya que hasta diciembre de 2000 no se supo que realmente iba a aplicarse inmediatamente, y no se han adecuado las infraestructuras a lo que la ley exige, aunque sí se ha aumentado la plantilla'.

A su juicio, no se ha producido colapso alguno en los centros que existen en Valencia. 'El centro Sant Vicent Ferrer de Godella tiene un total de 72 plazas. En 2000, había tres menores en régimen cerrado y ocho en semiabierto. A lo largo de 2001 ha habido 15 ingresos en régimen cerrado y 52 en semiabierto. 'Sí entiendo', dijo Dolz, 'que sería conveniente que en Valencia hubiera un centro para los menores que se encuentra en el tramo de entre 16 y 18 años y así evitar desplazarlos a Castellón o Alicante'.

'Me preocupa no dar una respuesta rápida cuando se abren diligencias porque demorarla es contraproducente para la reeducación de las conductas. Cualquier intervención tardía es una mala intervención', aseguró el fiscal coordinador de menores.

En materia de intervención, Manuel Dolz apeló a la puesta en marcha de planes de prevención 'que se vienen reclamando desde 1992 sobre delincuencia juvenil'.

Sobre la violencia en el ámbito escolar, el fiscal coordinador de menores consideró que no tienen mucha gravedad. 'No podemos meter el código penal en los patios de los colegios, hay que dejar que intervenga la vía administrativa y la disciplinaria', afirmó.

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En relación con la aplicación de la nueva Ley Penal del Menor, la sección quinta de la Audiencia de Valencia ha dictado un auto por el que se acuerda la apertura de pieza de responsabilidad civil de la familia de un menor, 'una de las novedades que recoge la ley'.

La delincuencia y la ley

Manuel Dolz respondió ayer a los análisis que han relacionado el aumento de la delincuencia con la aplicación de la ley penal del menor. 'La delincuencia no aumenta por la aplicación de la ley. Es cierto que disminuye el tiempo de detención, que ha pasado a ser de muy pocas horas, pero no creo que deba decirse que los delitos han aumentado por ello', afirmó. El fiscal coordinador de menores aseguró que los delitos más comunes entre los que protagonizan los menores son los de hurto, robo, robo con fuerza en las cosas y robo con violencia. Pero Dolz no coincide con quienes han imputado a la aplicación de la ley el incremento de este tipo de delitos. 'La ley penal del menor incorpora a una población, la de 16 a 18 años, a la que no se puede imputar el aumento de la delincuencia por el hecho de que ahora no ingresen en prisión como ocurría antes'. Dolz llamó la atención sobre la necesidad de arbitrar una norma específica para quienes tienen entre 18 y 21 años, lo que se conoce como proyecto de ley del joven. Asimismo, recordó la importancia de que existan planes integrales que desarrollen actitudes en positivo y supongan una prevención real contra la delincuencia juvenil.