El PP catalán defenderá ante Álvarez- Cascos el pacto para rebajar los peajes

El Gobierno catalán tiene que predicar con el ejemplo y crear un fondo para los peajes que suma unos 30 millones de euros (unos 5.000 millones de pesetas). Parte de este dinero será el IVA de las autopistas que se transfiera ya a Cataluña en virtud del pacto de financiación, segùn afirmaron ayer los firmantes del pacto sobre peajes. Entre ellos, Dolors Montserrat, dirigente del PP, que reafirmó el apoyo de su partido al pacto, pese a las declaraciones aparentemente en contra del ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos.

Álvarez-Cascos declaró ayer que el Gobierno central no cree oportuno rebajar peajes y reprochó la supuesta exigencia hecha desde Cataluña para suprimirlos todos. El ministro ignoraba el contenido del pacto firmado 24 horas antes por todas las fuerzas política catalanas, incluido el propio PP, y respondía sólo a unas declaraciones del presidente Jordi Pujol. Éste reprochaba al Gobierno central que hubiera elevado el IVA de las autopistas (del 7% al 16%, en función de una sentencia del Tribunal Europeo). Álvarez-Cascos le replicó que quien no levanta las barreras de sus propias concesiones, como es el caso del Gobierno catalán, mal puede pedir a otros que lo hagan.

Dolors Montserrat, diputada popular y vicepresidenta del Parlament, explicó ayer que su partido defiende el pacto y que ya ha iniciado los contactos con el Gobierno central para explicarle su contenido. El ministro no había sido informado en el momento de dar la respuesta, explicó Montserrat, y repitió el criterio que el Gobierno aplica al conjunto de España. 'El PP de Cataluña', añadió, 'es sensible al problema que representan los peajes y defenderá el acuerdo de Gelida ante el conjunto del Gobierno hasta lograr su aplicación'.

Dicho esto, la diputada añadió que las declaraciones de Pujol eran especialmente inoportunas. 'Pujol podía haber dicho lo mismo durante los seis meses en los que su Gobierno no ha convocado la comisión sobre peajes creada por el Parlament y hubiéramos estado de acuerdo, pero ayer no era el mejor día para abrir la boca', añadió.

Los miembros de la comisión, que anteayer lograron un acuerdo conjunto para negociar con el Gobierno central, trataban ayer de mantener el espíritu de consenso de la reunión de Gelida. De ahí que se esforzaran en destacar que el Gobierno catalán había asumido el pacto, aunque fuera con horas de retraso. Sólo con voz muy baja repetían que un gesto sensato sería el cese del encargado de convocar las reuniones que no se han celebrado, Josep Grau, secretario de Política Territorial. Grau aseguró ayer que no piensa dimitir.

Los diputados Manel Nadal y Joan Boada, por su parte, calcularon ayer la parte del fondo para la rebaja que debe aportar el Gobierno catalán: unos 30 millones de euros.

El pacto reclama que el fondo se cree con los impuestos de las autopistas más una cantidad que aporte el Gobierno catalán y otra de las propias empresas. En estos momentos, en virtud del nuevo modelo de financiación, el Gobierno catalán ya recibe una parte del IVA. La cantidad de este impuesto que se debe ingresar en las arcas autonómicas suma unos 24 millones de euros. Nadal y Boada reclaman que se cree el fondo con ese mismo dinero sumado a los seis millones de euros más que ahora reciben las concesionarias por las rebajas de distinto tipo ya en vigor. La propuesta recibió el apoyo de Dolors Montserrat.

Por su parte, un portavoz de Política Territorial respondió ayer que la propuesta será tomada en consideración en la reunión del próximo jueves.

Paralelamente, Felip Puig, consejero de Política Territorial, hizo ayer públicos algunos detalles de las propuestas de rebajas ya discutidas por los miembros de la comisión de peajes. Entre ellas, la de que quienes utilicen más de tres veces la barrera de Mollet no tengan que pagar en ella, de forma que ésta se mantendría para los usuarios ocasionales o para quienes tuvieran origen o destino al norte de La Roca. También se podría buscar una solución similar para el peaje de Rubí. La barrera de Mollet debe ser eliminada por mandato del Parlament. La concesión de Rubí está anulada por una sentencia del Tribunal Supremo que nunca se ha cumplido.