El PP defiende la presunción de inocencia del alcalde acusado de acoso

El secretario general del PP, Javier Arenas, defendió ayer la presunción de inocencia del alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, quien será juzgado por acoso sexual, coacciones y lesiones a la ex edil de Hacienda Nevenka Fernández. Arenas precisó que la dirección popular encargó 'hace meses' a su organización en Castilla y León que estudiase el caso y está 'a la espera' del informe sobre el asunto, que catalogó como 'de naturaleza privada', para decidir una eventual suspensión de militancia.

El secretario general de los populares expresó su 'satisfacción' por que 'vaya a resplandecer la verdad en un caso con dos versiones contradictorias, en un asunto que es de naturaleza privada, puesto que la conducta que se va juzgar no tiene relación con decisiones de carácter público, sino privado'. Añadió que no es lo mismo para la Comisión de Derechos y Garantías del partido decidir sobre un asunto que concierne a la actividad pública que se refiere a 'dos versiones contradictorias de una relación privada'.

Arenas relató que 'hace meses' la dirección nacional encargó al PP de Castilla y León que estudiara el caso para, en función de sus conclusiones, 'en el supuesto de ser necesario, decidir de forma conjunta posibles iniciativas contra el alcalde de Ponferrada'. A la pregunta de si esa decisión se tomará antes o después de que exista una sentencia, respondió; 'Estamos pendientes de eso, pero mientras no haya sentencia la presunción de inocencia sirve para todos los casos'.

Por su parte, el presidente del PP en León, José María López Benito, expresó su respeto a la decisión del Tribunal Superior de Castilla y León de abrir juicio oral contra Álvarez, al tiempo que advirtió que ello no implica una sentencia condenatoria ni absolutoria. López Benito insistió en la presunción de inocencia que ampara al regidor ponferradino y añadió que por prudencia esperarán a que el tribunal dicte sentencia.

Asimismo, el presidente de los populares leoneses manifestó su deseo de que se resuelva el caso en el menor tiempo posible 'por el bien de las personas afectadas'

Frente a estos argumentos el portavoz parlamentario socialista, Jesús Caldera, considera que los populares están aplicando en este caso 'lo contrario' de lo que dictan 'sus propias teorías' sobre la responsabilidad política, ya que cuando no estaban en el Gobierno exigían la dimisión inmediata de personas procesadas. 'Yo no me voy a convertir en juez, pero se trata de una teoría que antes proclamaba el Partido Popular y que ahora no cumple', señaló.

Por eso instó a los populares a que 'si tienen dignidad' se apliquen esa doctrina, 'porque lo cierto es que cuando el PP está en el poder no cumple con sus palabras y hace completamente lo contrario, así que allá ellos con su dignidad', concluyó.

También la Asociación de Mujeres Progresistas y la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas piden la suspensión de Álvarez de su cargo público y se felicitaron de que 'por fin' vaya a sentarse en el banquillo. 'Qué cantidad de indicios habrá habido para que llegue a juicio', ironizó la presidenta de Mujeres Progresistas, Enriqueta Chicano.