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Los responsables provinciales de la FARA ratifican a la junta directiva y deciden relanzar la federación

La organización pretende que las administraciones vuelvan a confiarles programas y proyectos

Los responsables provinciales de la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía (FARA) se reunieron ayer en Sevilla y ratificaron a su junta directiva, seis de cuyos miembros están imputados en la causa en la que se investiga el presunto desvío de 300 millones de subvenciones a cuentas particulares, el blanqueo de dinero a través de la organización, así como supuestas coacciones y amenazas a funcionarios públicos. En el encuentro, los dirigentes acordaron relanzar la federación y reclamaron que las administraciones vuelvan a confiarles programas y proyectos para el pueblo gitano.

La reunión tuvo lugar apenas cuatro días después de que el juzgado de instrucción número 7 de Málaga que tramita las diligencias decretara -en contra del criterio de la fiscalía- la libertad bajo fianza del presidente de FARA, Vicente Rodríguez; del secretario, Salvador P. A.; y del asesor fiscal, Valeriano G. G. Los tres habían ingresado en prisión el 9 de noviembre pasado.

Ayer, tras su ratificación, el presidente fue categórico: 'No vamos a pagar como culpables sin haber sido juzgados. FARA no va a desaparecer, no sería justo, vamos a reorganizarla. Le han hecho un stop, querían quitarla de enmedio pero no la han anulado'. Rodríguez avanzó que a partir de ahora los representantes de la federación trabajarán por la continuidad de los programas que tenían en marcha. El programa más importante que llevaba adelante la FARA era el de lucha contra el absentismo escolar de niños gitanos, una actividad que a raíz del caso, la Junta anunció que gestionaría directamente a través de la Consejería de Educación.

Rodríguez aprovechó la ocasión para insistir que la causa -en la que se practicaron hasta 21 detenciones- obedece a una trama para 'desbancar y desprestigiar' a la FARA. 'Hay intereses para que otros tengan el monopolio', dijo tras la reunión aunque eludió aportar más precisiones. 'Cuando llegue el momento daremos nombres y apellidos', aseguró.

El presidente de la organización romaní rechazó los cargos según los cuales directivos de la FARA coaccionaron a funcionarios públicos. 'No hubo ni amenazas, ni sobornos, ni coacciones. Si reclamar nuestros derechos y unir al pueblo gitano es un delito, entonces sí pueden imputarnos', acotó.

El informe policial que dio pie a las detenciones puso de manifiesto el patrimonio desproporcionado de Rodríguez, la adquisición de obligaciones del Estado con subvenciones por valor de 60 millones e incluso la existencia de profesores ficticios por los que cobraban ayudas pero que en realidad no existían. 'Infamias y mentiras' en opinión del presidente de FARA, quien justificó el patrimonio de la familia en la indemnización de 52 millones de pesetas que cobró su hijo tras un accidente que lo dejó parapléjico. Sobre las cuentas de la FARA, negó que haya habido irregularidad alguna y recordó que la federación pasó cuatro auditorías, la última un mes antes de su encarcelamiento.

Rodríguez calificó su detención de 'actuación terrorista' y no descartó acciones judiciales contra sus responsables, aunque apuntó que el daño para él y para el pueblo gitano 'ya es irremediable'. El presidente y otras 11 personas fueron arrestadas en una operación en la que participaron 120 policías apoyados por helicópteros. Rodríguez consideró que la actuación fue desproporcionada 'No se necesitaba nada más que un agente me llevara un papelito', aseguró.Frente al informe del fiscal, que se opuso a su excarcelación por temor a que se fugue, Rodríguez replicó: '¿A dónde me voy a fugar con nueve hijos y uno de ellos parapléjico?'.

Finalmente, agradeció a las consejerías de Asuntos Sociales y de Empleo el apoyo dado en su día a los programas de la FARA.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de enero de 2002