La fiscalía tiene sin resolver 12.000 casos derivados de la nueva Ley Penal del Menor

La Consejería de Servicios Sociales denuncia que el atasco provocado en la Fiscalía de Madrid con la entrada en vigor, hace un año, de la nueva Ley Penal del Menor 'ha desvirtuado' sus aspectos más educativos. Según sus datos, la fiscalía aún tiene sin resolver 12.000 (más del 85%) de los 14.000 expedientes de menores infractores llegados desde enero de 2001 (en 2000 hubo 3.000). 'Ante este cúmulo, jueces y fiscales resuelven los casos más graves, que se sancionan con ingresos en reformatorios, en detrimento de los que precisan medidas educativas', señala Servicios Sociales.

El aumento de trabajo en la Fiscalía de Madrid se debe a que la nueva Ley Penal del Menor eleva la edad de responsabilidad de los 16 a los 18 años. Eso significa que los autores de delitos menores de edad deben ser juzgados por jueces y fiscales especializados, y no por los tribunales ordinarios. Tampoco pueden ingresar en prisión, sino en reformatorios. La norma establece, además, una serie de medidas alternativas al internamiento.

La víspera de la entrada en vigor de la ley -el 13 de enero de 2001-, el fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, advirtió de que necesitaba más medios para afrontar la avalancha de asuntos que iba a generar la nueva norma. Antes de enero de 2001 en Madrid sólo había cinco fiscales de menores. Fernández Bermejo reclamó al Ministerio de Justicia 12 más, pero éste sólo habilitó siete.

El descontento por la falta de medios no sólo se vive en la fiscalía. En junio de 2001, cuatro meses después de la entrada en vigor de la ley, los seis jueces de menores de Madrid decidieron dejar en libertad a los jóvenes que llegasen detenidos a sus juzgados sin haber sido estudiados antes por un equipo técnico de la fiscalía -psicólogo, educador y asistente social-, como exige la ley. Aducían que esos equipos técnicos carecían de un turno de guardia para los fines de semana.

Así, en junio de 2001 la titular del Juzgado de Menores número 6 de Madrid, María Gracia Martín Duarte, liberó a un joven de 17 años, supuestamente implicado en un homicidio, porque el sábado que compareció ante ella no había equipos técnicos de guardia que lo evaluasen. Ante esta medida de fuerza, el Ministerio de Justicia habilitó en agosto el reclamado turno de guardia.

La directora del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF), Esperanza García, considera que la ley 'es buena, pero el atasco que padece la fiscalía ha hecho que se primen sus aspectos más punitivos y no los más educativos'. 'Respecto al año pasado se han cuatriplicado los internamientos cautelares [pendientes de juicio] en reformatorios, pasando de 33 a 112, y, sin embargo, sólo se han dictado 410 medidas de reparación extrajudicial frente a las 1.104 de 2.000', añade.

La reparación extrajudicial es una medida que consiste en que el menor infractor pida directamente perdón a su víctima o realice alguna actividad en beneficio de ella o de la comunidad: por ejemplo, reparar aquello que haya roto o ayudar desinteresadamente en una residencia de ancianos. Normalmente esta sanción sólo se aplica en los delitos menos graves, por ejemplo, en daños a coches o a mobiliario. 'Lo que ocurre es que, con el atasco que hay, jueces y fiscales resuelven cuanto antes los casos de delitos más graves y dejan a la espera aquellos en los que se dictan estas medidas de reparación', señala la directora del IMMF.

García también considera significativo que en todo un año no se haya sancionado a ningún chaval con la asistencia a un centro de día, en el que se realizan actividades educativas. El IMMF sólo dispone de un centro de día con 15 plazas para la aplicación de estas medidas, aunque este mes espera poner en marcha otros cinco más con 112 plazas adicionales.

'Nosotros esperábamos que en 2001 la fiscalía resolviera de 4.500 a 5.000 casos, pero calculamos que para cuando cerremos el ejercicio de este año, el próximo día 9, no superarán las 1.800. En 2000 fueron 3.000 los expedientes y se resolvieron 2.315', agrega García.

Este año también se ha reducido el número de libertades vigiladas, una medida que consiste en que el menor siga, en libertad, una serie de pautas de conducta (horarios, actividades educativas...) bajo el control de diversas empresas y ONG. En 2000 hubo 131, que han quedado reducidas a 94 el año pasado.

El internamiento en un reformatorio es la sanción más dura que contempla la Ley del Menor, ya que supone una privación de libertad, y por eso se reserva para los delitos más graves, que supongan violencia contra las personas. De los chavales que han pasado en 2001 por las 92 plazas de los cuatro reformatorios madrileños (El Pinar, Renasco, El Madroño y el semiabierto Altamira), el 90% había cometido robos con intimidación (atracos). Sólo hubo tres casos de homicidio, uno de ellos en grado de tentativa.

Los internos

El 60% de los internos de reformatorios son magrebíes, que, tras emigrar solos a España, acaban en la delincuencia y la marginación. Entre ellos hay también chicos latinoamericanos, sobre todo colombianos. Únicamente tres chicas han pasado por estos centros en régimen cerrado.

El Gobierno regional prevé abrir este año otros dos reformatorios: uno semiabierto, con 10 plazas, que se inaugura este mes en Puerta Bonita (Carabanchel), y otro cerrado, con 24 camas, en una ubicación aún por concretar. También iniciará las obras de un centro 'de seguridad', con 50 plazas ampliables a 100, junto a la prisión de Valdemoro. Por otra parte, el Gobierno central abrirá en abril, en el antiguo módulo de mujeres de la cárcel de Carabanchel, un reformatorio para menores imputados en delitos de terrorismo urbano o kale borroka (lucha callejera en euskera), con 20 plazas.