La red necesita una puesta a punto, pero ¿quién lo paga?

Los problemas en el suministro eléctrico han sido noticia recurrente a lo largo del año que ahora termina. El pasado verano, en plena temporada alta de la campaña turística, el exceso de consumo derivado del número de usuarios provocó varios cortes de suministro eléctrico. Los tendidos eran incapaces de canalizar toda la energía demandada. Hace dos semanas, cuando una lengua de frío polar lamía la costa valenciana, Red Eléctrica Española, garante del suministro, cerró varios grifos en ciudades medias del interior. Los vecinos se arrimaban a los calefactores con tal voracidad que la energía disponible en la red resultaba insuficiente para alimentar a todos. Según la versión oficial, los cortes controlados evitaron caídas de tensión aleatorias en la red que habrían provocado un caos mucho mayor. El propio presidente Eduardo Zaplana a punto estuvo de quedarse a oscuras el pasado viernes cuando comía en un restaurante de Alicante con el alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi. La red necesita una mejora. Pero ¿quién debe pagarla?

El Gobierno central acaba de aprobar las tarifas eléctricas para 2002. Las bajadas en los recibos de la luz de 2000 y 2001, que suman un 6%, se han congelado para los particulares en 2002. El tránsito a la libre competencia en el mercado eléctrico preveía nuevas rebajas, pero los problemas surgidos a lo largo del presente ejercicio en la red de distribución han llevado a las grandes empresas eléctricas a plantarse. Los recibos de los consumidores industriales subirán el 1%. Las compañías alegan que deben afrontar grandes inversiones para mejorar la red de distribución. Las asociaciones de consumidores recuerdan que las facturas de años pasados incluían un recargo impuesto por el Gobierno central para paliar los costes del tránsito al libre mercado energético, unos fondos que debían haberse destinado, entre otras cosas, a poner a punto la red eléctrica. Los representantes de los consumidores subrayan también que sólo los grandes clientes industriales pueden optar a contratar el suministro entre las siete grandes compañías que controlan el mercado nacional y arrancar concesiones.

Resulta un contrasentido que el Estado intervenga para establecer las tarifas eléctricas, pero esa intromisión se prolongará hasta que el mercado eléctrico sea realmente libre. De momento, todos los vecinos de la Comunidad Valenciana se ven obligados a contratar la luz con Iberdrola, que controla la distribución en la red de baja tensión en todo el territorio. Y seguirá gestionándola en el futuro, porque la liberalización que impulsa la Unión Europea se refiere sólo a la generación. Es decir, cualquiera puede generar energía en una central térmica o a través de placas solares. Y si le sobra, puede trasladarla a la red de Iberdrola. Red Eléctrica Española, empresa pública con participación de todas las eléctricas, sólo sirve los tendidos de muy alta tensión de 240.000 o 380.000 voltios en una red estratégica.

Cuando la liberalización del mercado eléctrico en Estados Unidos provocó cortes de suministro en California se apreciaron los primeros problemas por la privatización de un servicio básico dada su naturaleza. Los tendidos eran incapaces de soportar el volumen de energía que debían trasladar y las empresas que los gestionaban, ajenas a los proveedores, no estaban dispuestas a acometer las inversiones necesarias sin compensaciones.

Vistas a remojo las barbas del poderoso amigo americano, la Consejería de Industria dio por bueno el plan de mejora de Iberdrola para la Comunidad Valenciana, que prevé inversiones en torno a 50.000 millones de pesetas a lo largo de cinco años para evitar problemas similares. La compañía eléctrica asegura que ha cumplido hasta la fecha y que ha instalado todos los tendidos previstos y las correspondientes subestaciones transformadoras. Pero algunas canalizaciones están detenidas desde hace años, esencialmente por la oposición de diversos ayuntamientos que deben autorizar las instalaciones en sus respectivos términos municipales. Los movimientos ecologistas también han intentado detener algunas infraestructuras. La entrada en servicio de la subestación de La Punta, en Valencia, exigió una intervención policial para desalojar a sus detractores. Para complicar más aún el panorama, la Comunidad Valenciana es deficitaria en materia de generación eléctrica y el consumo sigue creciendo por encima de la media estatal. La central nuclear de Cofrentes, la central térmica de Castellón o los saltos eléctricos de La Muela de Cortes, instalaciones que controla Iberdrola, no son capaces de satisfacer la demanda de los valencianos.

Iberdrola construye una nueva central térmica de ciclo combinado en Castellón. Unión Fenosa tiene previsto convertir el Puerto de Sagunto en un polo energético de primer orden y anuncia la construcción de hasta tres nuevas centrales térmicas de ciclo combinado. La empresa estadounidense Intergen se ha visto obligada a renunciar a instalar una planta de biomasa en la localidad valenciana de Catadau y estudia otras ubicaciones, como Monòver, en Alicante.

Finalmente, el progresivo desarrollo del plan eólico pretende garantizar el equilibrio entre la oferta y la demanda de electricidad en territorio valenciano. Pero las nuevas instalaciones de generación no entrarán en servicio antes de dos años. Y las mejoras en la red de suministro de Iberdrola siguen una secuencia prevista para el 2006. Zaplana anunció hace unos días nuevas inversiones de la compañía que ostena el monopolio de la distribución en territorio valenciano, pero fuentes oficiales de Iberdrola aseguran desconocer el calado de los proyectos abordados por el presidente y los altos responsables de la empresa. Dadas las circunstancias, es de temer que los cortes se repitan. Y es que, parece que aún prevalece, la prerrogativa divina del ¡Hágase la luz!