Carretera de Villamanrique-El Rocío

La Junta Rectora del Parque Natural de Doñana ha debatido por primera vez sobre la conveniencia o no del asfaltado del camino de Villamanrique-El Rocío, después de más de un año de presentado el proyecto y con el asfaltado ya ejecutado.

El proyecto, que supondría la consolidación de esta vía como carretera, cuenta con la oposición más rotunda de varias de las entidades representadas en la junta rectora: Estación Biológica de Doñana, Parque Nacional de Doñana, asociaciones ecologistas y el Ayuntamiento de Hinojos, en cuyo término se localiza más del 80% del trazado y la totalidad del tramo que atraviesa el Parque Natural.

El proyecto de consolidar esta vía como carretera supone un enorme impacto ecológico para Doñana al atravesar el corazón del Parque Natural y establecerá, definitivamente, un límite ecológico al espacio protegido por el conocido efecto barrera de las carreteras impidiéndose, además, la expansión de las áreas de reproducción de lince ibérico, que conserva en las inmediaciones, a duras penas, las zonas de mayor densidad del mundo, única con potencial como zona fuente. Recordemos que la población total de linces no supera los 250 ejemplares y que en Doñana no quedan más de 30, de los cuales, la mayor parte se localizan en el Coto del Rey, que es atravesado por la carretera..

Sin embargo, se da la absurda circunstancia de tener que debatir sobre un proyecto ya realizado, con lo que la junta rectora del Parque Natural de Doñana se encuentra atada de pies y manos ante el proyecto de asfaltado, planteándose un debate completamente estéril, cuando la totalidad del trazado ha sido ya asfaltado y pretendiendo imponer una vez más la política de hechos consumados, que indica a las claras cuál es el grado real de participación que este tipo de órganos permite a la sociedad.

Es más, los promotores del proyecto reclaman responsabilidad pública y municipal para que se dé el visto bueno a la obra ya ejecutada, aduciendo que cualquier otra medida, como el solicitado desmantelamiento del asfaltado, supondría un despilfarro de dinero público, cuando en realidad, la verdadera responsabilidad política debe basarse en creerse los procesos de participación, establecidos por la propia administración y no intentar colar proyectos como el de esta carretera por la puerta de atrás, con irregularidades manifiestas como la falta de estudio de Impacto Ambiental que toda nueva carretera precisa, o que sea la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura de Sevilla la que realiza la obra, que en su mayor parte está en Huelva y para la que no tiene competencia.

Hurtar este tipo de debates en los órganos que la propia Administración instaura para conocer la opinión de la sociedad terminará por desacreditarlos, deslegitimando a su vez las decisiones de la propia Administración y obligando a la sociedad civil a recurrir a otras instancias, como la Comisión Europea o los Tribunales de Justicia, para resolver discrepancias que con tratamientos ajustados a derecho se podrían solucionar por la vía del consenso.