De una venta de piso a la Comunidad

Mi caso es el siguiente: en febrero de 2000, un vecino de mi bloque vendió un piso a la Comunidad de Madrid (en calle Mondoñedo, de Alcorcón), al objeto de que fuera utilizado para realojar a mujeres maltratadas o gente desasistida, pero siempre temporalmente. Inmediatamente de producirse la venta, la Comunidad instaló a una familia gitana con seis hijos (de entre seis y 20 años), y entonces comenzaron los problemas: los hijos menores, si bien están escolarizados, no asisten nunca al colegio: a las once de la mañana se les puede ver en el portal peleándose y profiriendo palabras soeces; a todo aquel que ose llamarles al orden responden con un 'me cago en tus muerto', 'te vamos a rajar', etcétera.

El vecino colindante con esta familia, piso lº D, es un matrimonio jubilado y respetable, pero la esposa está recibiendo tratamiento debido a la depresión en la que ha caído por su sensación de impotencia ante los golpes que dan los vecinos en la pared (a cualquier hora del día), las peleas continuas, gritos, música altísima, insultos,... Cuando la Policía Municipal llama a su puerta, se callan durante media hora, y cuando ven que se han ido, el escándalo que arman se duplica.

Las numerosas denuncias presentadas al Ayuntamiento de Alcorcón y a la Comunidad no han dado resultado, y a los tribunales no nos atrevemos a acudir, ya que por todos los españoles es sabido (menos para el Gobierno) que las leyes se aplican mayormente para defender a los delincuentes, por lo que nuestras esperanzas en la justicia son nulas.

El precio de las viviendas en este bloque ha caído un 40%, nadie quiere comprar un piso si hay personas así. Pero esto no es lo más grave, lo delirante del caso es que la Comunidad lo hace por favorecer a una familia, de la que, además, todo indica que es imposible su reinserción social.

Como decíamos, lo grave del caso es que realoja en un bloque donde la mayoría de las gentes son pacíficos ciudadanos jubilados, y, por favorecer a una sola familia, destruye la armonía y convivencia de los otros 23 vecinos, los cuales están encolerizados, con sobrada razón; pero, claro, a la Comunidad de Madrid no le importan las consecuencias de su realojo, lo importante para los políticos es que abandonen la chabola y en ese terreno construyen bloques de nueve plantas, que es más rentable.

En Estados Unidos existe una ley que establece que para poder vender un piso previamente tiene que autorizarlo la junta de vecinos, y lo primero que tienen que tener claro es qué personas van a ir a vivir a esa vivienda.

Esto será una medida inconstitucional, antidemocrática o racista, pero el legislador sabe muy bien que a quien hay que defender y complacer es al ciudadano trabajador y honesto que paga impuestos, porque defender a los parásitos con el principio de que la ley es igual para todos es poco eficaz y menos satisfactorio para todos, y el sacrificado debe ser siempre el que no respeta las normas ni las leyes.