Gestoras ilegales

Después de Ekin, Haika, Xaki, Jarrai, y antes Egin, le ha llegado el turno a Gestoras pro Amnistía. La hipótesis del juez Baltasar Garzón de que las organizaciones que se mueven en torno a ETA forman parte de la misma estructura y comparten idéntica estrategia violenta, además de los mismos fines políticos, ha tomado cuerpo una vez más en la declaración de ilicitud de las actividades de Gestoras pro Amnistía, organización de apoyo a los presos de ETA que el juez Garzón considera parte del organigrama de la banda terrorista.

La resolución de Garzón no es definitiva y puede ser recurrida. Se trata de una decisión cautelar, adoptada en el marco de un proceso penal por asociación ilícita en su modalidad de organización terrorista -artículo 515.2 del Código Penal- seguido a los dirigentes de Gestoras, que sólo adquiriría firmeza en el caso de ser confirmada tras el correspondiente juicio ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Pero entretanto, es plenamente operativa y produce efectos inmediatos: las actividades de Gestoras están fuera de la ley, según Garzón se ha apresurado a comunicar a la Consejería de Interior del Gobierno vasco y a las delegaciones del Gobierno en el País Vasco y Navarra, y deben quedar en suspenso las posibles subvenciones públicas destinadas a esta organización.

Quizás para curarse en salud Gestoras pro Amnistía decidió el pasado fin de semana cambiar de nombre, pasando a denominarse Askatasuna, tanto en el País Vasco como en Navarra. Pero el juez Garzón no persigue un nombre, sino conductas y hechos concretos. Si quienes actúan bajo la nueva denominación se comportan de la misma manera y realizan las mismas actividades que la desaparecida Gestoras pro Amnistía, más pronto o más tarde podrían encontrarse con parecidos problemas con la justicia. Se trata de un subterfugio que carece de eficacia a largo plazo frente al Código Penal, ya que éste castiga delitos concretos de personas concretas, al margen de las denominaciones bajo las que busquen amparo.

La declaración de ilicitud de las actividades de Gestoras pro Amnistia es el colorario de la valoración que el juez Garzón hace de la conducta de los integrantes de su cúpula dirigente, detenidos hace mes y medio en la llamada Operación Udazken y uno de ellos, Juan María Olano, hace algunos días en Francia, a los que el juez de la Audiencia Nacional imputa, entre otras cosas, señalar potenciales objetivos a ETA y captar militantes para su estructura armada. Naturalmente, se trata de indicios y no de pruebas, que tendrán que ser presentadas en el momento del juicio y de manera estrictamente individualizada. Pero la mayoría del centenar de personas detenidas desde 1998 en operaciones llevadas a cabo por Garzón contra las tramas civiles de ETA siguen procesadas, lo que indica que los jueces de la Audiencia Nacional consideran que hay base acusatoria suficiente para que comparezcan a juicio.