La oferta, la demanda y el Gobierno

El mercado de la electricidad es un espacio complejo en el que el precio final que paga el usuario es fruto de la oferta, la demanda y las disposiciones del Gobierno. Como actores destacados de ese espacio mercantil aparecen el operador del mercado (la Compañía Operadora del Mercado Español de Electricidad, OMEL), que se ocupa de casar la oferta y la demanda de electricidad día a día y hora a hora y el operador del sistema, Red Eléctrica, participada por las eléctricas y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Red Eléctrica, propietaria de la red de alta tensión (19.000 kilómetros de líneas de muy alta tensión y 131 subestaciones), gestiona los 'servicios auxiliares' o mercado de restricciones y se encarga de asegurar que la electricidad llega a los usuarios en condiciones de seguridad y calidad.

Desde su centro de operaciones, Red Eléctrica sigue al minuto la evolución de la oferta y de la demanda y procura que no existan cortes. En caso necesario, demanda energía a precios fuera del mercado (al margen de los precios casados en el mercado OMEL) y en otros casos, como el pasado lunes, da las órdenes oportunas para realizar cortes selectivos y mantener operativa la mayor parte de la red. Gestiona también las importaciones de energía del exterior, que apenas suponen un 2% del total de la electricidad consumida.

Tan importante es la función de OMEL como la de Red Eléctrica. Son dos pilares fundamentales del sistema eléctrico liberalizado que será pleno el 1 de enero de 2003 cuando, en teoría, todos los consumidores puedan elegir libremente suministrador.

Del juego de la oferta y de la demanda que ocupa al OMEL sale el precio base de la electricidad, o lo que es lo mismo, el 55% de la factura que paga el consumidor final. El resto depende de las disposiciones del Gobierno, que fija las tarifas.

El juego de oferta y demanda y el reparto de papeles entre OMEL y Red Eléctrica propicia, a veces, la picaresca. Así, el pasado mes de noviembre, la Comisión de la Energía detectó subidas de precios injustificadas en las centrales de fuel-gas. Sucedió los días 19, 20 y 21 de noviembre y la Comisión comunicó sus sospechas al Servicio de la Competencia del Ministerio de Economía. Supuestamente, esos días, algunas empresas retiraron del mercado que gestiona OMEL parte de la electricidad generada por unidades de fuel-gas. Los precios medios se dispararon entonces un 60% por encima de lo habitual y llegaron a las 10 pesetas por kilovatio.