El informe del Síndic de Greuges destapa la crisis interna de la institución

El Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, evidenció ayer, al presentar los informes de la institución correspondientes a los ejercicios de 1999 y 2000, que la Sindicatura sigue inmersa en una grave crisis interna. Del Rosal compareció en las Cortes, donde los grupos de la oposición le afearon la 'permisividad' para con la Administración que revela el informe de 2000, cuyo apartado referido a las instituciones 'hostiles' sólo incluye a cinco ayuntamientos y a ninguna consejería de la Generalitat, que en años anteriores eran profusamente citadas en este sentido. Del Rosal explicó que él no ha redactado el informe, responsabilidad que achacó a su adjunta primera, Emilia Caballero, quien le desmintió.

La comparecencia de Bernardo del Rosal ante la comisión de Peticiones de las Cortes puso de manifiesto que la grave crisis que afectó a principios de año a la Sindicatura de Greuges se cerró en falso y que la institución sigue inmersa en una difícil situación y que las relaciones entre el Síndic y sus adjuntos están muy deterioradas.

La crisis estalló en enero, cuando un informe contrario al plan urbanístico del barrio de El Cabanyal de Valencia emitido por Emilia Caballero -adjunta primera propuesta por los socialistas y entonces titular en funciones de la Sindicatura tras la muerte, en octubre de 2000, del anterior Síndic, Luis Fernando Saura-, fue criticado con suma virulencia por el Partido Popular. Los populares iniciaron una campaña en contra de Caballero, a la que intentaron reprobar, y que les llevó a aprobar, violentando el Reglamento de las Cortes, un dictamen de condena contra ella, con acusaciones de 'connivencia' con el PSPV.

A finales de marzo, tras la intervención del presidente de la Generalitat y del PP, Eduardo Zaplana, y de Joan Ignasi Pla, secretario general del PSPV, se alcanzó un acuerdo para elegir como nuevo Síndic a Bernardo del Rosal. Los socialistas exigieron que Emilia Caballero repitiera como adjunta primera. Los populares aceptaron, pero en junio, el día de su nombramiento oficial y del de Carlos Morenilla, propuesto por el PP, como ajunto segundo, manifestaron que apoyaban a Caballero con 'reservas', que la votaban 'por imperativo reglamentario' y que seguirían investigando su actuación. El PP reconocía así que había cumplido con la literalidad del pacto alcanzado por Zaplana y Pla, aunque no con su espíritu, que era el de cerrar la crisis en la institución del Síndic de Greuges. Y a la vista de lo sucedido ayer, la crisis sigue viva.

Ayer, en su primera intervención ante la comisión, Bernardo del Rosal explicó los pormenores de los informes de la Sindicatura de Greuges referidos a los ejercicios de 1999 -que el año pasado no fue sometido a este trámite parlamentario debido al fallecimiento de Saura y a la posterior crisis en la institución- y de 2000 y ofreció todos los datos sobre el número de quejas tramitadas, resueltas y pendientes de resolución.

A continuación intervinieron los portavoces de los grupos políticos. Los de la oposición coincidieron en señalar la 'permisividad' con la que el Síndic trata a la Administración autonómica en su informe del año 2000. El portavoz del Grupo Mixto, Joan Francesc Peris reclamó más actuaciones de oficio, mayor seguimiento de los asuntos y más exigencia a la Administración. El de Esquerra Unida, Joan Antoni Oltra, se refirió además al descenso del número de quejas y dijo que no es la Administración la que tiene que estar 'contenta' con el trabajo del Síndic, sino los ciudadanos.

Al hablar de 'permisividad', los portavoces de la oposición se referían al hecho de que la memoria sólo incluye a cinco ayuntamientos (Pego, Alicante, Tuéjar, Casinos y Burriana) en el apartado referido a las administraciones 'hostiles' -las que no colaboran con el Síndic, no le contestan o hacen caso omiso de sus recomendaciones- y que no figura ninguna consejería de la Generalitat, cuando en años anteriores solían aparecer varias. El portavoz adjunto del Grupo Socialista-Progressistes, Andrés Perelló, vino a decir que la ausencia de departamentos de la Administración autonómica en el apartado de 'hostiles' era producto de la 'permisividad' de la Sindicatura porque, según explicó, si se aplicaran a todos por igual los criterios por los que los cinco ayuntamientos citados son declarados hostiles, la memoria de 2000 debería incluir a otra treintena de municipios y a seis consejerías: Sanidad, Economía, Industria, Obras Públicas, Bienestar Social y, especialmente, Educación, que, en su opinión, debería figurar 'con luces de neón', por cuestiones como el uso del valenciano o el plan urbanístico de El Cabanyal.

Las consecuencias de esta tolerancia 'pueden llevar a hacer inútil la Sindicatura', dijo Perelló, 'porque si los ciudadanos no perciben que la institución hace uso de todas sus prerrogativas de control a la Administración, acabarán no acudiendo a formular sus quejas'. Y añadió: 'Tenemos que cambiar el funcionamiento de la Sindicatura, porque en estos momentos está tocada de permisividad'.

Responsabilidad

En su contestación, Del Rosal descargó toda la responsabilidad del informe de 2000 sobre Emilia Caballero al señalar que él no ha hecho 'ninguna valoración' de los datos que hay en la memoria, porque a su llegada a la institución 'se habían prácticamente elaborado casi todas las partes' de la misma y que la decisión sobre su estructura ya había sido tomada por 'quien entonces tenía la responsabilidad en la institución', en referencia a su adjunta primera. Tras añadir que las decisiones sobre la declaraciones de hostilidad fueron tomadas antes de su llegada y asegurar que no ha 'falseado' los datos de la memoria, Del Rosal sentenció: 'Si de ahí se deduce una permisividad, yo me siento ajeno a ella, acúsenme el año que viene'.

En su réplica al Síndic, Perelló dijo: 'La memoria la haría quien la tuviera que hacer, pero las valoraciones las tiene que hacer usted'. Y añadió que, en cualquier caso, Del Rosal 'podía haber tenido reuniones con la adjunta' Emilia Caballero. El portavoz socialista aprovechó para recordar que hasta el año 1997 los informes anuales incluían 'un capítulo primero que reflejaba el estado de los derechos y libertades' y pidió que se incluya de nuevo en futuras memorias.

Al ser preguntada por este periódico acerca de la autoría de la memoria del año 2000, Caballero fue rotunda: 'Yo no he redactado la memoria, ni la he conocido hasta que me la han dado editada'. Y añadió que ella no ha 'establecido los criterios' en lo referente a las declaraciones de hostilidad incluidas en el informe.

Fuentes parlamentarias aseguraron que la memoria ha sido elaborada por la secretaria general de la Sindicatura y añadieron que las tensiones que se viven en el seno de la institución no afectan sólo a Del Rosal y a Caballero, sino que el adjunto segundo, Carlos Morenilla, también ha dado muestras de perplejidad por el funcionamiento interno.