Zaplana afirma que el auto del Constitucional no frenará el trasvase

El presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, del PP, aseguró ayer que el auto del Tribunal Constitucional que levanta la suspensión cautelar sobre la ley aragonesa de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón, recurrida por el Gobierno central, 'no supone la suspensión [del Plan Hidrológico Nacional (PHN)] ni varía para nada el fondo del asunto', para desmentir así que esta decisión impidiese ejecutar el trasvase del Ebro.

La decisión del Constitucional, la segunda en pocos meses que defiende el derecho de Aragón a opinar sobre planes que afecten a su territorio (la anterior levantó un veto del Gobierno sobre la ley aragonesa de ordenación del territorio), se ha traducido en un primer momento como un reconocimiento del derecho aragonés a vetar los planes del Gobierno. Sin embargo, Aragón sólo se reserva el dar su opinión, no vinculante, lo que sólo producirá un retraso de cuatro meses en la ejecución del PHN.

Zaplana calificó ayer de 'claramente inconstitucionales' las dos iniciativa de Aragón, dos leyes aprobadas por aquella comunidad autónoma durante la tramitación del PHN. El presidente del Consell encuadró la polémica desatada por la decisión judicial a 'las balas de fogueo y ganas de confundir' de las personas contrarias al PHN. Y apuntó que los plazos de ejecución del trasvase siguen siendo los mismos y que no hay ningún problema de financiación que impida su construcción. 'Será agua subvencionada a un precio tremendamente razonable', aseguró.

'Patada en la espinilla'

El presidente de Aragón, José Ángel Biel, del Partido Aragonesista (Par), ya reconoció el jueves que el tema sólo suponía 'una pequeña patada en la espinilla a los planes del Gobierno de Aznar'. Asimismo, dijo que sólo intentaba 'poner chinitas a ese plan y retrasarlo', con la intención de que sus informes contrarios sean escuchados, se incorporen al documento y figuren así en todos los recursos presentados contra el PHN, tanto en España como en la Unión Europea.

En ese sentido, el secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, señaló ayer que la decisión del Constitucional 'evidencia los riesgos de actuar unilateralmente' por parte del Gobierno central a la hora de 'imponer una ley' a Aragón. Pla declaró ayer que el gobierno aragonés 'hizo lo que tenía que hacer' ante la postura de Aznar. 'La consecuencia de esa acción unilateral y de imposición de una ley que tenía que ser ampliamente consensuada puede tener esos riesgos que perjudican claramente a la Comunidad Valenciana y a la posibilidad de que en un futuro goce de recursos hídricos suficientes', dijo. Pla, que apuesta por recurrir sólo a aportes del Ebro una vez optimizadas al máximo otras opciones de ahorro, reutilización y desalación, cree que su plan alternativo hubiera dado 'más agua, en menos tiempo y a menor coste medioambiental'.